25 de septiembre de 2021. En los últimos meses, la situación de violencia en el país demarca nuevamente un panorama de hostigamiento y persecución para la ciudadanía en general. A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, las formas de violencias, la reorganización de actores y disidencias al margen de la ley, así como el ingreso de nuevos grupos en el territorio colombiano, remonta a los episodios de violencias y masacres que se ciñen en las venas de país.
Este segundo semestre para las poblaciones del Sur de Córdoba ha sido una pesadilla. A finales del pasado mes de julio fueron asesinadas 6 personas en menos de dos días, las viviendas saqueadas y más 50 familias desplazadas. Frente a estos hechos se determinaron como responsables el grupo criminal Los Caparros y el Clan del Golfo.
A través de su cuenta de Twitter, el Mayor General Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, con jurisdicción en el departamento de Córdoba, aseveró que “sobre la cobarde acción criminal de grupos armados organizados contra la población en la vereda La Cabaña, en San José de Uré, Córdoba; el Ejército Nacional incrementa las operaciones para capturar a los responsables y la Policía Nacional adelanta la investigación de los hechos”. Mensaje publicado 7 horas después de los hechos ocurridos.
Recientemente, el 21 de septiembre, los miembros del Clan del Golfo detonaron un explosivo que generó la destrucción de un camión del Ejército en donde murieron 5 soldados. La realidad es que: en medio del silencio y la incertidumbre el sur de Córdoba se imponen los grupos armados intimidan y atentan contra comunidades campesinas organizadas, aplican su ley y las rutas de narcotráfico.
La ciudadanía esta consternada por el temor a que se repitan estas acciones, la zozobra se ciñe como el pan de cada día, el miedo de salir y encontrarse en la detonación de explosivos en las vías rurales, puesto que la lucha está en contra de los campesinos que han apostado por cambiar sus tierras, destinadas en el pasado a cultivo de uso ilícito. A pesar de que la Defensoría del Pueblo emitiera la Alerta Temprana N-054-19, sus recomendaciones no han sido tenidas en cuenta por las autoridades nacionales, regionales y locales.
Surge el interrogante: ¿Dónde están las instituciones del Estado colombiano destinadas a garantizar los derechos de las personas? Los hechos han sido denunciados por la ciudadanía. Sin embargo, ni una nueva Alerta Temprana se ha emitido sobre el recrudecimiento, el gobierno colombiano no hace presencia cuando estos sucesos, y es notable que la institucionalidad no hace nada para desmantelar a estos grupos al margen de la ley ¡Hay un abandono total!
Y a pesar de que mucho de los municipios de la zona hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial, conocidos como PDET, una iniciativa pactada con las extintas FARC, en el cual la ciudadanía a puesto empeño por reconstruir el tejido social desde sus pequeños aportes centralizándose en la resistencia, resiliencia y reconciliación. La ausencia del gobierno genera muchas dudas si de verdad se pueda materializar y consolidar la paz, o se está ante una “falsa paz”. Lo que sí está claro, en las palabras de la Periodista colaborada Constanza Bruno Solera es: “Que la tragedia se cante, se narre, se cante y se vuelva a narrar… no que se repita”.