*El informe, elaborado por la Fundación Social Departamental Córdoba Controversial “CORDOBERXIA” (2021), hace énfasis en la necesidad de registrar, sistematizar, hacer seguimiento y evaluar el comportamiento y las dinámicas en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario e implementación del “Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.
18 de febrero de 2021.El informe, permite valorar la compleja realidad de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la Paz Territorial en el Sur de Córdoba, aborda los temas de la implementación de los acuerdos en el territorio, al igual que el asunto de los Consejos de Paz, la Reconciliación y la Convivencia, sobre la Reincorporación de ex integrantes de las FARC; presenta datos importantes sobre el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida y cierra ilustrando los avances de la Unidad de Búsqueda y de la Comisión de la Verdad en el departamento de Córdoba.
El panorama de la Construcción de Paz Territorial destaca la priorización del sur de Córdoba en el marco del Acuerdo Final y su implementación, esta última ralentizada por el “desgobierno del ‘Aprendiz’”. No es la primera vez que la construcción de paz y el fin de la violencia se constituyen en un marco de referencia en este territorio, al respecto:
“En las últimas décadas, la región ha sido testigo de tres procesos de negociación: con el Ejército Popular de Liberación en la década de los noventa; con los grupos paramilitares, en Santa Fe de Ralito, Tierralta, entre 2002 y 2008, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), de la que se originó la firma del Acuerdo final. Sin embargo, para los dos primeros casos, los procesos significaron la configuración de nuevos ciclos de violencia en los que las principales afectadas fueron comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y sus expresiones organizativas, al mismo tiempo que modelos de desarrollo basados en el latifundio, la agroindustria y el extractivismo no se detuvieron”.
Recalca en este sentido, los dos (2) aspectos relevantes para comprender la situación actual de los derechos humanos y construcción de paz en el sur de Córdoba:
“Dos aspectos adicionales son relevantes para comprender la situación actual de garantía de los derechos humanos y construcción de paz: el primero es que, en la región, desde inicios del siglo pasado existe una sólida tradición organizativa de sujetos populares del mundo rural, cuya demanda fundamental ha sido el acceso a la tierra y el disfrute de su derecho al territorio, contra quienes se ha dirigido una estrategia consciente de violencia. El segundo es que estas organizaciones se asumen como constructoras de paz y han participado, en la medida que se les ha permitido, en los múltiples espacios derivados del Acuerdo final: PDET, Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia (CTPRR)”
El coste social para las comunidades, se ve reflejada en las constantes amenazas que la implementación a medias del Acuerdo Final ha provocado, los cambios estructurales de las causas del conflicto no son abordadas,
“… desarrollo territorial basado en la realización de derechos sociales como tierra, territorio, salud, educación, agua y alimentación, que atiende las diferencias étnicas, de género y generación. Igualmente, expresan una apuesta por la economía campesina, familiar y comunitaria; por transformar los factores generadores de violencia y trabajar en escenarios de reconciliación que garanticen la reparación integral. En suma, se recoge en su conjunto el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de derechos humanos del Estado, así como las promesas del Acuerdo final. Sin embargo, existen varias interpretaciones sobre cómo alcanzar esto y el debate para la zona en este momento se sitúa entre una implementación del PDET que apunta a ordenar el territorio para el capital o una que lo hace para proteger la vida de las comunidades”.
Estos dos (2) ejemplos ilustran cómo el esfuerzo de las comunidades, líderes y lideresas del territorio que, están listas para la paz real y duradera, no es correspondido por el Gobierno. Un gobierno que se abroga cualidades y avances que en los territorios no son fiables o constatables.
Frente a la situación de Derechos Humanos en el sur de Córdoba, el informe destaca que entre 2016 y 2020 han sido asesinados (34) líderes y lideresas sociales o personas defensoras de derechos humanos, así:
“Desde 2016, CORDOBERXIA ha venido haciendo seguimiento a los casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales del departamento. A corte del 31 de diciembre de 2020, según consta en nuestra “bitácora sobre líderes y lideresas sociales o personas defensoras de derechos humanos, activistas políticos y reincorporados/as de las FARC asesinados/as en el marco del post-acuerdo en el sur del departamento de Córdoba”. Anualmente han sido asesinados/as:
En 2016: Dos (2).
En 2017: Ocho (8).
En 2018: Once (11).
En 2019: Cinco (5).
En 2020: Ocho (8)”.
En 2020, se presentan agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales, asociado a la estigmatización y señalamientos incluso desde la institucionalidad, el informe menciona violencias que se exacerbaron, como las amenazas, mediante la modalidad de “panfletos”, también mediante mensajes de audio y texto, hasta por redes sociales como Facebook y WhatsApp. En algunos casos, han llegado hombres desconocidos y/o armados, operando en nombre de algún grupo armado, hasta las residencias o lugares de trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales para ordenarles que se vayan de los municipios, o los matan. Lo anterior, no encuentra eco en la institucionalidad, la protección de las lideresas y líderes es más bien escasa, incompleta o peor, incompetente. Al respecto, se encuentran inconsistencias como que:
“el “comité departamental de derechos humanos y derecho internacional humanitario” no tiene un solo informe escrito que pueda dar cuenta de lo que sucede en el departamento, nunca se ha puesto en marcha un “observatorio departamental para los derechos humanos”. Sin embargo, en septiembre de 2020 fue creado el “observatorio de derechos humanos y paz de Córdoba”, en el marco de la ordenanza 0017 de 2020”.
Finaliza el informe con un recuento lamentable de Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el territorio, haciendo un conteo de desplazamientos a comunidades, masacres, reclutamiento forzado a jóvenes, violencia sexual y, como estas violencias en medio del confinamiento, declarada la pandemia por COVID–19, se agudizó a partir de marzo de 2020:
“Tres (3) masacres cometidas durante el año 2020 en el Sur de Córdoba. La primera de ellas perpetrada el 27 de julio de 2020 en la vereda la cabaña del municipio San José de Uré, en la que murieron tres (3) miembros de una misma familia: Elizabeth Meléndrez, de 64 años, Bitaliano Feria Morales, de 66 años, y Édison Meléndrez López, de 36 años. La segunda cometida un día después, el 28 de julio de 2020 en el corregimiento Puerto Colombia, también de San José de Uré, en el que fueron víctimas: Yorvis Yesid Velarde Vergara de 15 años, Luis Mario Payares de 16 años de edad y John Jairo Velarde Andica de 46 años. La tercera, ocurrida el 13 de noviembre de 2020 en las veredas Lorenzo y El Banquito de Tierralta, en las que fueron ultimados tres (3) miembros de una misma familia, padre, madre e hija: Tomás Correa, Unilda Díaz y Luisa Fernanda Correa Díaz; estos además participaban del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS”.
La tragedia del conflicto y las violencias producidas en el territorio, evidenciado en el informe, como por ejemplo contra mujeres, mencionar los ocurrido en el municipio de Montelíbano, los feminicidios de Melisa María Romero, de 27 años de edad, y Taniusca Romero Sibaja, de 12 años, integrantes de una misma familia, tía y sobrina, respectivamente, asesinadas el 14 de septiembre de 2020 mientras montaban bicicleta a la salida del municipio.
Desde CARIBE AFIRMATIVO al ser una organización que defiende y reivindica los Derechos Humanos de las personas LGBT en Colombia, preocupa los niveles de violencia sistemática ocurridos en el sur de Córdoba en 2020. En el municipio de Montelíbano, donde funciona el proceso comunitario de Casa de Paz, sucede hasta el cierre del año, el homicidio en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Fiscalía del joven gay Jesús Espinoza López, emprendedor del municipio y quien había finalizado el servicio militar obligatorio meses anteriores a su asesinato. La persecución, amenazas y hostigamiento a lideresas, líderes, activistas, defensoras y defensores del Derechos Humanos de personas LGBT en el sur de Córdoba también es un tema que debe generar preocupación respecto de las pocas medidas de protección efectiva, lo que genera desplazamiento de las personas líderes/lideresas, perdida de continuidad en los ejercicios de incidencia política o exigibilidad de derechos.
Lo anterior, nos insta a exigir de la Fiscalía, la UNP, la Policía de investigaciones, los entes territoriales municipales y departamental, asimismo, toda la institucionalidad colombiana a fijar su mirada en el sur de Córdoba para acompañar los liderazgos, las experiencias de vida de las personas LGBT y de todas y todos quienes trabajan en la construcción de una Paz estable y duradera. Insistir en las investigaciones que, evidencian pocos avances y la exclusión de muchos otros casos de violación a derechos, la impunidad sigue siendo un factor de preocupación en los casos de violencia contra lideresas y líderes, defensoras y defensores de derechos humanos, además, las investigaciones muchas veces se concentran en identificar el autor material, cuando detrás de cada agresión, amenaza o asesinato se pueden encontrar responsabilidades a un nivel más profundo, prejuicios y actividad revanchista frente a esta parte de la ciudadanía que exige derechos, garantías de paz, justicia, prosperidad, reconciliación, convivencia y/o restitución, como lo son las lideresas, líderes sociales y comunales, defensoras y defensores de derechos humanos y activistas.