Este episodio de violencia extrema no solo deja en evidencia la vulnerabilidad de las personas trans en Cartagena y la violencia policial en contra de las personas LGBTIQ+, sino también la complicidad y la indiferencia de la sociedad ante tales atrocidades.
02 de mayo de 2024. El pasado domingo 21 de abril, en horas de la madrugada, Kata, una mujer trans ejerciente del trabajo sexual en el sector San Pedro, fue víctima de hostilidad y violencia policial. Los agentes de policía, en un acto de brutalidad, golpearon, patearon y sometieron a vejámenes a Kata, motivados por los prejuicios en contra de su identidad de género.
Las agresiones alcanzaron niveles inhumanos, forzando a Kata a huir en busca de refugio. Desesperada, se arrojó a un caño para ocultarse entre aguas residuales, tratando de escapar de la persecución policial. Sin embargo, su intento fue en vano, ya que los uniformados la arrastraron fuera del agua, la desnudaron y la sometieron a un cruel proceso de contención, utilizando pistolas taser para infligir aún más dolor.
Tirada en el suelo, luchando por respirar, Kata continuó siendo víctima de la brutalidad policial, mientras la mirada indiferente de los habitantes y comerciantes de la zona perpetuaba el horror. Este episodio de violencia extrema no solo deja en evidencia la vulnerabilidad de las personas trans en Cartagena, sino también la complicidad y la indiferencia de la sociedad ante tales atrocidades.
A pesar de los esfuerzos por abordar este tipo de violencia a nivel socio-jurídico, resulta evidente la urgente necesidad de acciones concretas para erradicar cualquier forma de violencia contra las personas trans que ejercen el trabajo sexual. Es alarmante constatar cómo Cartagena se ha convertido en un territorio donde las violencias continuas alimentan la estigmatización y la discriminación, perpetuadas por normativas institucionales que criminalizan su existencia.
En este contexto, se hace un llamado a las autoridades pertinentes para que tomen medidas inmediatas y efectivas para proteger los derechos y la integridad de las personas trans trabajadoras sexuales en Cartagena, garantizando un entorno seguro y libre de violencia para todas y todos.
Desde Caribe Afirmativo, rechazamos rotundamente todo acto de violencia ejercido contra la disidencia sexual, sobre todo de aquellos que se revisten de autoridad y ‘formas de control ciudadano’, aquellos que soportan la narrativa revictimizante y criminalizante del trabajo sexual. Hacemos un llamado de atención a la institucionalidad para que exista un reconocimiento de la aplicación del enfoque diferencial de género en los procedimientos, especialmente a la Policía Nacional la cual adquirió compromisos, como lo enuncia Directiva 003 de 2014. En este caso, es evidente la necesidad de un proceso investigativo y sancionatorio contra los oficiales de Policía que persiste en desconocer las identidades de género diversas y ejercen violencias sin justificación, cometiendo conductas que son tipificadas por la Ley Colombiana. Asimismo, un tratamiento diferenciado excesivo que en palabras de la Corte Constitucional puede ser entendido como “criterios sospechosos de discriminación”, en consecuencia, una violencia por prejuicio.
Igualmente, se expone con alta preocupación la ausencia de garantías que puede otorgar las Oficina de DD.HH de la Policía Nacional, puesto que en la práctica se ha demostrado que obstaculizan el acceso a medidas de justicia y reparación a las víctimas, en relación con los actos cometido por los oficiales pertenecientes a esta institución. Por lo cual, elevamos la solicitud de reestructuración institucional y el apego al debido proceso.
En ese orden, es requerido que la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio de su poder preferente realice acompañamiento para la garantía de los derechos de Keysy y ejerza su poder para iniciar los procesos investigativos y/o sancionatorios que permitan marcar un precedente que garantice que las personas LGBTIQ+ sean respetadas en su totalidad.