31 de octubre de 2021. Las recientes acciones violentas presentadas en el norte de Chile contra personas migrantes y refugiadas mayoritariamente venezolanas y colombianas con protestas de locales pidiendo su expulsión mediante confrontaciones físicas que dejaron un gran número de heridos, revelaron un dato preocupante en relación con el grupo de personas que fue afectado: de cada diez personas agredidas, dos eran LGBTI, y entre las cinco principales razones que usaban los lugareños para pedir su deportación, dos estaban relacionadas con la diversidad sexual y de género: “son trans y vienen a prostituirse” y “viven con VIH y nos contagiarán”. Esta situación deja constancia de que por la ausencia de garantía de derechos para las personas LGBTI, estas deben movilizarse buscando un lugar donde se reconozca y respete su orientación sexual, identidad o expresión de género.
Precisamente en los últimos días ACNUR dio a conocer los resultados de una encuesta aplicada a ciudadanía migrante y refugiada LGBTI en América Latina y el Caribe proveniente de Venezuela, que indica que los mayores riesgos cuando una personas abiertamente gay, lesbiana, bisexual o trans decide abandonar el país son: ser víctima de trata de personas; expulsión de los lugares de acogida por prejuicios y discriminación; en el tránsito migratorio, el sexo se convierte en práctica de sobrevivencia; exposición permanente a la explotación laboral; limitación para conseguir alojamiento; presencia de redes delictivas que les cooptan en los pasos fronterizos y les vincula a delitos como el narcotráfico y el lavado de dinero; y, en los lugares donde se establecen, incluso de manera transitoria, la pobreza, ausencia de espacios habitacionales y los estigmas y prejuicios naturalizados les confinan a una vida de precariedad y ausencia de derechos.
Es importante sumar esfuerzos en la región ante las crisis humanitarias que están en crecimiento y tienen a muchas personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersex huyendo de regímenes opresores y Estados que, si bien hoy no penalizan la homosexualidad, tienen altos niveles de violencia contra personas LGBTI, promueven su deportación y sus decisiones no reflejan soluciones políticas a corto plazo que pongan fin a la discriminación. Como el caso de Venezuela, un país que no ha tenido ningún avance político, ni legislativo ni judicial en favor de los derechos de las personas LGBTI y donde, según ACNUR, migran 5000 pesos diarios por la región y a su interior, ante el incremento de violencia en sus principales ciudades como Maracaibo, Valencia y Caracas, que hoy son territorios donde se reportan más actos de exclusión motivados por el rechazo a la diversidad sexual y a las expresiones de género diversas, incluso violencias por prejuicio con cifras mayores a las marcadas por todo Centroamérica.
Las acciones de asistencia migratoria a personas LGBTI en la región son casi inexistentes, y casi todos sus servicios están articulados a una concepción de soberanía de país. Algunos Estados en su ordenamiento interno relacionado con diversidad sexual y de género, han incluido a personas LGBTI migrantes y refugiadas de México, Argentina y Costa Rica, por presión de las organizaciones de la sociedad civil, han incluido atención especializada de acogida y regulación con enfoques que buscan proteger derechos particularmente de personas trans y viviendo con VIH. Colombia incluyó en su estatuto de Regulación Migratoria, el registro de personas trans, pero con medidas internas como la previa declaración juramentada que deja cierto tufo de discriminación. Sin embargo, la carencia de plenitud de derechos y de garantías ciudadanas luego de esos registros, hace que en la región opere más un ejercicio de flujo migratorio que de establecimiento y permanencia, por ello urge una coordinación regional entre Estados para crear protocolos regionales, en el marco de sistemas como el Interamericano y acompañar el proceso migratorio de las personas que se movilizan en búsqueda de la igualdad y acoger la migración en un marco de derechos a plenitud.
Desde 2019 se ha incrementado en la región la violencia contra las personas LGBTI, así como los discursos de odio. Aumentan las violaciones a los derechos humanos en escenarios como el sometimiento de las mujeres trans a la trata de personas o el aumento del estigma y discriminación hacia las personas que viven con VIH; además, por lo precario de los pasos fronterizos, el aumento del flujo irregular por las fronteras ha significado el aumento de violencias en sus desplazamientos, entre ellas la vinculación de personas en movilidad humana en procesos de prácticas delictivas y las respuestas militares que les terminen poniendo en medio, han aumentado los niveles de riesgo y vulnerabilidad. Ello convoca a que los Estados construyan un enfoque diferencial e imperativo humanitario para acoger la migración; que la respuesta, incluso política, sea la de la diplomacia humanitaria, priorizar acciones públicas para mostrar la situación actual y dar cuenta de atenciones diferenciales que garanticen el trato respetuoso a todos los grupos poblacionales.
Es necesario articular procesos con los grupos de género en las entidades que atienden los flujos migratorios para buscar respuestas estructurales, como pensar una estrategia de recolección y análisis de datos, formar a los operadores de servicios fronterizos sobre el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en las políticas públicas, ante el crecimiento de la tendencia a quedarse de las personas LGBTI migrantes y refugiadas, así como activar acciones de protección sobre todo el vivienda, trabajo y alimentación.
En buen momento el movimiento social de la diversidad sexual y de género de la región incorporó en sus agendas de incidencia política las acciones para la acogida de personas LGBTI, particularmente de personas trans, que ahora requerimos que sean asumidas por los Estados en perspectiva de asistencia humanitaria; sin embargo, el uso político de los flujos migratorios anuncia la agudización de vulnerabilidad en los grupos poblacionales históricamente excluidos. En el caso de Colombia, hay una alerta para los próximos meses de elecciones, pues se puede politizar la ayuda humanitaria e incrementar la xenofobia, los grupos políticos quieren ser vistos y percibidos manejando la situación con enfoque humanitario, pero a la vez verse manteniendo el ordenamiento social y limitar flujos poblacionales que ponen en jaque valores nacionales; por ello, requerimos de herramientas regionales y pactos públicos que blinden los derechos y no hagan de la crisis humanitaria depósito de interés particulares, sino una realidad que exige ser transformada.