La apertura de fronteras entre Colombia y Venezuela ha sido vista con gran optimismo. Sin embargo, la violación de DDHH de personas LGBTIQ+ en ambos lados de la frontera sigue siendo un panorama desalentador.
20 octubre de 2022. La apertura de fronteras entre Colombia y Venezuela ha sido vista con gran optimismo por el impacto económico que puede llegar a tener el restablecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. Adicionalmente, la propuesta de “Paz total” del gobierno nacional colombiano y la noticia de las negociaciones con el ELN en territorio venezolano dan indicios de un impacto más allá de lo económico, de las dinámicas territoriales en las fronteras que comparten ambos países. No obstante, la situación de Derechos Humanos de personas LGBTIQ+ en Venezuela y la respuesta de algunos funcionarios ante esto deja en entredicho un verdadero cambio en los contextos de violencia que vive esta población en ambos lados de la frontera.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela fue establecida en el 2019 mediante resolución 42/25 y tiene como objetivo investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridos en este país desde el 2014. En este decreto se estableció una vigencia de un año para esta misión – hasta septiembre de 2020 –; no obstante, fue prorrogada en octubre de 2020 hasta septiembre del 2022 mediante resolución 45/20.
Hasta la fecha, se han presentado 3 informes por parte de la misión, los cuales han develado el deterioro del Estado de Derecho en Venezuela, ocasionado por la superinflación que ha decantado a un crisis humanitaria agudizada por la pandemia de COVID-19, la obstaculización del poder legislativo elegido por elección popular (lo que ha llevado a mayor concentración del poder en el ejecutivo), la pérdida de la independencia judicial y fiscal para alinear las decisiones del poder judicial con el ejecutivo y el monopolio de la seguridad ciudadana por parte de las fuerzas militares de inteligencia y contrainteligencia.[1][2][3] Además, estas situaciones han estado transversalizadas por una política internacional de sanciones económicas al estado venezolano, manifestaciones estudiantiles, reconocimiento por parte de algunos estados americanos del gobierno ad hoc de Juan Guaidó y el desplazamiento masivo de personas venezolanas hacia otros países del continente en condiciones de vulnerabilidad.
A raíz de esto, los informes narran cómo el control social del estado ha estado acompañado por la comisión de delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y otras formas de tratos crueles e inhumanos contra personas que son percibidos como amenazas para el gobierno de Nicolas Maduro. Las víctimas principales han sido activistas políticos percibidos como opositores, a los que se incluyen lideres y lideresas de organizaciones sociales LGBTIQ+.
En el 2021 inició la persecución contra miembros de la organización LGBTIQ+ Azul Positivo. El 12 de enero del mismo año, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, llevo a cabo un operativo de investigación administrativa en las instalaciones de esta organización, lo que llevo a la incautación de equipos de cómputo, tarjetas de transferencia monetaria para la compra de alimentos y la detención irregular y arbitraria de 5 miembros de la organización.[4] Una vez detenidos, se les impidió contactar a sus abogados y no se les asigno un defensor del Ministerio Público, llevando a que un juez determinara la legalización de la captura. Este procedimiento irregular fue descrito por la misión en su informe de “Conclusiones detalladas” del 2021[5]: En algunos de los casos documentados, el motivo de la detención en flagrancia contrasta con los cargos presentados posteriormente ante el juez o la jueza en la audiencia de presentación, lo que plantea dudas respecto a la capacidad de la fiscalía para investigar adecuadamente los nuevos cargos en el periodo de 48 horas que transcurre entre la detención y la audiencia de presentación.
Por su parte, Caribe Afirmativo durante el 2022 ha identificado 6 personas LGBTIQ+ que reportan haber salido de Venezuela por amenaza o coacción debido a su liderazgo en el territorio, la mayoría de ellas jóvenes. Y es que desde las protestas del 2017 el gobierno venezolano ha llevado a cabo una represión política selectiva atacando a activistas sociales y líderes políticos que participaron en estas. Sumado a esto, las denuncias de personas LGBTIQ+ en el sistema judicial de Venezuela son desestimadas por parte de sus funcionarios y mediante burlas y chistes se trivializan su situación; además, no existe ley de protección legal integral para personas sexo-género diversa.
Sin embargo, no todas ellas logran salir de Venezuela, y algunas se encuentran recluidas en centros carcelarios donde existe un alto desprecio por las identidades y sexualidades diversas. Esto lleva que los tratos crueles e inhumanos encuentren abono sobre los cuerpos de personas LGBTIQ+ que son víctimas de tortura y otros tratos crueles e inhumanos ante la mirada impávida de los organismos estatales llamados a defender a estas personas.
Sin importar si la estancia es en centros penitenciarios u otros sitios de detención no oficiales utilizados por el DIGCM y el SEBIN, la desaparición forzada y detención irregular de personas LGBTIQ+ en Venezuela viene acompañada de agresiones sexuales y violencias con fines ejemplarizantes que buscan borrar las identidades no hegemónicas.
Desde el 2020, la misión y otras organizaciones sociales de defensa de Derechos Humanos de personas LGBTIQ+ han descrito que estas personas son sometidas a tratos crueles e inhumanos. Por ejemplo, los funcionarios del SEBIN saquean sus celdas y les amenazan con trasladarlos a otros espacios donde los demás presos los “violarían por ser gais”.[6] Además, en este contexto de violencias se les amenaza con ser agredidos sexualmente con objetos, presenciar violación sexual contra otras personas, desnudez forzada durante actos de tortura, y golpes y descargas eléctricas en los genitales.
Estas violencias se encuentran descritas en los informes presentados por la misión desde el 2020, que además narran el modus operandi del gobierno de Nicolas Maduro para ejercer el control social cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos.
El impacto simbólico de estas violencias ha llevado a que muchas personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas de desplacen principalmente hacia Colombia, en búsqueda de mejor calidad de vida y de encontrar ambientes mas respetuosos para vivir su diversidad sexual y de género. No obstante, su experiencia de movilidad humana en Colombia se encuentra permeada por el continumm de estás violencias que se manifiesta en estigmatización, exclusión y discriminación. En contraste con aquellas personas cisgénero y heterosexuales, las personas venezolanas LGBTIQ+ en Colombia tienen mayores dificultades para acceder a ayudas humanitarias, salud, trabajo, educación y otros espacios dirigidos a atender los flujos migratorios mixtos.
Por esto, es importante que los gobiernos de países de acogida insten explicita y categóricamente al respeto y defensa de los Derechos Humanos en todos los países de Latinoamérica sin importar su corriente política. En este sentido, causa preocupación las declaraciones del actual embajador de Colombia en Venezuela, donde pone en duda el éxodo masivo de personas venezolanas hacia otros países; ignorando todas las violencias que se han ejercido contra las personas LGBTIQ+ en su proceso de movilidad humana. Ante las declaraciones del embajador Benedetti y el informe de la misión, el gobierno de Colombia aún no emite un comunicado oficial.
El pasado 7 de octubre, el consejo de Derechos Humanos aprobó la renovación del mandato de la misión, obteniendo 19 votos a favor y sólo 5 en contra[7]. Si bien Colombia no se encuentra en este consejo, de acuerdo con la organización PROVEA, no se encontraba entre los países que apoyaban dicho mandato.
El silencio del gobierno colombiano ante este informe puede llegar a ser desconcertante para las personas LGBTIQ+ venezolanas y colombianas, quienes esperan que la “Paz total” promulgada por este gobierno tenga en cuenta las experiencias de las personas sexualmente diversas y no silencie las voces de quienes han vivido violencia por causa del odio y el prejuicio. Ante estas situaciones donde el prejuicio y el odio se transforma en violencia no cabe el silencio, porque el silencio ha significado muchas muerte de personas LGBTIQ+ en escenarios de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Esta antesala a las negociaciones con el ELN en Venezuela, plantean interrogantes y desafíos que el gobierno nacional de Colombia debe responder antes de iniciar estas conversaciones. No reconocer las situaciones de violencias contra personas LGBTIQ+ en Venezuela puede dar la sensación de que no se tomará en cuenta a estas personas en las negociaciones o que sus violencias serán silenciadas o minimizadas.
Desde Caribe Afirmativo celebramos el restablecimiento de las negociaciones con el ELN, instando al gobierno nacional a que como primer paso reconozca las violencias contra personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y retornadas que han sido ejercida por gobiernos locales y las fuerzas paraestatales en ambos lados de la frontera para encontrar formas de no repetición de las mismas.
[1] Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, A/HRC/45/33 (25 de septiembre de 2020). Disponible en: A/HRC/45/33 (un.org)
[2] Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, A/HRC/48/69 (16 de septiembre de 2021). Disponible en: A/HRC/48/69 (ohchr.org)
[3] Naciones Unidas, Asamblea General. “Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”, A/HRC/51/43 (20 de septiembre de 2022). Disponible en: Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (A/HRC/51/43) (Unofficial Spanish Translation) – Venezuela (Bolivarian Republic of) | ReliefWeb
[4] Cronología del caso de la ONG Azul Positivo │ Acceso a la Justicia
[5] Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos. “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela” A/HRC/48/CRP.5 (16 de septiembre de 2021). Disponible en: A/HRC/48/CRP.5 (ohchr.org)
[6] Las personas LGBT y los crímenes de lesa humanidad en Venezuela: ¿qué dice la ONU sobre la tortura sexual ejercida por la dictadura de Maduro? – Infobae
[7] Los países que votaron en contra fueron: China, Cuba, Venezuela, Eritrea y Bolivia.