El artículo 084 del acuerdo final de paz, fruto de la incidencia de la sociedad civil, con una participación muy activa de Caribe Afirmativo, marcó un hito histórico al convertirse en el primer acuerdo de paz en el mundo con un enfoque de género. Este enfoque buscaba dar cuenta de cómo los actores y las lógicas de la guerra exacerbaban las condiciones de vida de las personas sexo-género diversas.
El 24 de noviembre de 2016 se recuperó la confianza expresada inicialmente en Cartagena, el 30 de septiembre de ese mismo año, durante la primera firma del acuerdo de paz. Sin embargo, esta confianza se quebró con el plebiscito del 2 de octubre, que, mediante prácticas engañosas ahora conocidas, permitió que triunfara el “No” y que la negociación tuviera que revisarse nuevamente. La campaña en contra del acuerdo se fundamentó en tres noticias falsas: que avanzar con este acuerdo dejaría en la impunidad los crímenes ocurridos en el marco del conflicto armado; que llevaría a una pérdida paulatina de propiedades, arrebatadas para dárselas a los excombatientes; y que el enfoque de género del acuerdo, pionero en un proceso de paz, era un asunto ideológico que atentaba contra las familias y las infancias.
Sobre el primer argumento, las imputaciones en cada uno de los macrocasos de la JEP y sus procesos de acusación muestran que no hay impunidad, sino justicia transicional. Respecto al segundo, no solo no se ha perdido propiedad, sino que el país aún enfrenta el problema estructural de la concentración de tierras y la falta de propiedades rurales para el campesinado. En cuanto a lo que se denominó un “proceso ideológico” en contra de las familias, esto no fue más que un intento de desconocer a las personas LGBTIQ+ como ciudadanas plenas cuyas vidas se vieron aún más afectadas por el conflicto armado.
Tras semanas de tensión y pactos políticos, algunos poco saludables, el acuerdo de paz recuperó legitimidad y se firmó nuevamente en un acto menos simbólico en el teatro Colón de Bogotá. Este segundo acuerdo quedó en firme y fue reconocido, protegido y elevado al rango de constitucionalidad por la Corte. Esto permitió establecer el sistema integral para la paz, conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPDD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Además, se fortalecieron los Consejos Territoriales de Paz y se crearon los Planes Especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), espacios de participación y empoderamiento ciudadano.
Estos mecanismos e iniciativas asumieron compromisos concretos con la implementación del enfoque de género, como lo estipula el artículo 085 del acuerdo de paz, que tiene por tarea “dar cuenta de los efectos desproporcionales y estructurales que, en el marco del conflicto armado, promovieron violencias específicas contra las mujeres y las personas LGBTIQ+”.
El propósito de esta tarea se valida en cuatro acciones delineadas por el decreto ley que da vida a la institucionalidad para implementar el acuerdo de paz:
- Ser consecuente con la Ley 1448, que reconoce que en Colombia el género, la orientación sexual y la identidad y expresión de género fueron factores determinantes de violencia en muchos territorios.
- Esclarecer casos de violencia hacia mujeres y personas LGBTIQ+ ocurridos en el marco del conflicto armado, en el contexto de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
- Reconocer que las órdenes de los actores armados, con concepciones morales patriarcales, buscaron controlar o someter la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.
- Documentar hechos victimizantes motivados por prejuicios, como lo han hecho tanto el Estado (a través de entidades como la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica) como las organizaciones sociales.
Con el avance de este proceso, se promovieron espacios de diálogo y estructuras internas en la institucionalidad, mientras que las organizaciones sociales pusieron al servicio de este momento histórico su experiencia en documentación, representación y acción colectiva desde el feminismo como teoría política. Estos esfuerzos buscaban transformar los proyectos de vida en escenarios de libertad y autonomía, garantizados por el Estado y validados en las acciones sociales y culturales del país.
Aunque no se trataba del fin del conflicto armado, sino de un acuerdo con el grupo más significativo y violento del país, este fue el inicio de un camino sin retorno hacia la construcción de una paz que permita la vida libre de violencias y la convivencia en territorios de libre circulación.
Para las personas LGBTIQ+ del país, este horizonte de pensar Colombia en paz representaba la oportunidad de consolidar proyectos de vida desde la diversidad sexual y de género. Aunque estos proyectos no solo estaban limitados por el conflicto armado —pues la violencia cotidiana aún persiste—, dar cuenta de las prácticas desproporcionadas de imposición moral por parte de los actores de la guerra, junto con el mandato de superarlas, brindaba una opción esperanzadora. Esto era especialmente relevante en las zonas rurales y los sectores más periféricos de las ciudades, controlados históricamente por los actores armados, donde vivir en paz implicaba alcanzar garantías de vida digna para las personas sexo-género diversas.
En este contexto, las iniciativas ciudadanas promovieron múltiples espacios para apoyar la implementación del acuerdo de paz, como la Plataforma LGBTIQ+ por la Paz. Esta permitió visibilizar una primavera de resistencias en todas las regiones de Colombia, liderada por personas sobrevivientes de la guerra que ahora eran artífices de caminos de paz. Más de 22 informes alternativos fueron presentados por la sociedad civil ante la Comisión de la Verdad, documentando los prejuicios y las violencias específicas sufridas por las personas sexo-género diversas durante el conflicto armado. Además, las organizaciones sociales formaron equipos jurídicos y psicosociales en justicia transicional, asumiendo progresivamente la representación y el acompañamiento de las víctimas en macrocasos como el 01, 02, 04, 05, 07 y el próximo 011.
En cuanto a las personas desaparecidas, el movimiento activó consciencia y acciones para superar el subregistro inicial de 22 casos reportados por la UBPDD como personas LGBTIQ+ desaparecidas. Iniciativas como el proyecto “Hasta encontrar todos los colores del arcoíris” ayudaron a ampliar este registro y a exigir respuestas.
En los espacios participativos, el activismo en la ruralidad ha avanzado de manera lenta pero constante, incorporando la perspectiva de diversidad en la planeación territorial desde los PDET. Cada vez más liderazgos LGBTIQ+ se suman a los más de mil consejos de paz existentes en Colombia, donde tienen un asiento específico. Estos espacios no solo los convierten en protagonistas de la construcción de paz territorial, sino que son el puente hacia el próximo desafío: diseñar políticas públicas de reconciliación en municipios, ciudades y departamentos. Estas políticas deben fomentar el respeto por los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad como un valor y la garantía de libertad y autonomía para cada persona.
Además, su articulación con el sistema integral para la paz y retos como los Trabajos, Obras o Actividades con Contenido Reparador y Restaurador (TOAR) representa una oportunidad para superar el miedo al olvido y la impunidad, transformándolos en mecanismos de reparación integral y garantías de no repetición.
Ocho años después de la firma del acuerdo de paz, aunque los avances no han sido tan rápidos como se esperaba y se enfrenta una desaceleración, desfinanciación y retrocesos, todavía hay esperanza. Según la Cruz Roja, en Colombia persisten seis conflictos armados, con nueve actores en guerra que buscan acuerdos de paz. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia amenaza la vida de los firmantes del acuerdo, de líderes y lideresas sociales, y de las comunidades en los territorios dejados por los actores armados. La pobreza, la inequidad y el subdesarrollo continúan afectando a los grupos poblacionales más vulnerables, especialmente a las personas sexo-género diversas, quienes enfrentan las consecuencias de sesenta años de conflicto que exacerbaron las estructuras patriarcales, machistas, misóginas, homofóbicas y transfóbicas.
Pese a este panorama, aún podemos recuperar el tiempo perdido. Para ello, es crucial implementar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. De un total de 220 recomendaciones, 47 están directamente relacionadas con los derechos de las personas LGBTIQ+. Estas incluyen, entre otras, superar la impunidad, garantizar el acceso a derechos como el trabajo y el uso del espacio público, activar políticas públicas específicas y promover proyectos productivos para superar la pobreza. También destacan iniciativas para prevenir el acoso por diversidad sexual y de género en establecimientos educativos y fomentar acciones culturales que reconozcan y respeten a las personas trans.
La Comisión de la Verdad identificó como uno de los hallazgos más impactantes la indiferencia social hacia las personas LGBTIQ+ durante el conflicto armado. Esta indiferencia se tradujo en complicidad social, que sirvió de caldo de cultivo para violencias motivadas por prejuicios hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género. Superar esta realidad es imprescindible para que la construcción de paz sea una oportunidad real de vida digna, libre y feliz para todas las personas LGBTIQ+ en Colombia.
Wilson Castañeda Castro
Director
Corporación Caribe Afirmativo