Una cuarta parte de éstos asesinatos se presentaron en la región Caribe
La Corporación Caribe Afirmativo, manifiesta su preocupación con la persistencia y agudización en el país de acciones violentas a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante el mes de enero del presente año, según el Programa somos Defensores, han sido asesinados en Colombia, 24 hombres y 3 mujeres que asumían procesos de liderazgo social y construcción de paz en sus territorios. De estos homicidios siete (7) se presentaron en la región caribe: tres (3) de ellos en el municipio de la Concepción en el departamento de Sucre; dos (2) en Cantagallo Bolívar y dos en Córdoba: (1) Montería y (1) San José de Uré.
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- El 18 de enero en San José de Uré, Córdoba asesinaron a Plinio Pulgarin, campesino y líder social presidente de la Junta de acción comunal en su vereda y líder promotor de la sustitución voluntaria de campos de cultivo ilegal.
- El 25 de enero asesinaron en el municipio de la Concepción, Sucre, a tres campesinos reclamantes de tierras: Manuel Eusebio Osorio Escobar y los hermanos Prisciliano Manuel Mercado García y Humberto Manuel Escobar Mercado.
- El 26 de enero en la ciudad de Montería, asesinaron a Mario Elías carrascal Exalcalde de puerto libertador, Córdoba (2008-2012), un municipio con fuerte presencia de actores armados y bandas criminales.
- El pasado 30 de enero en el sur de bolívar en el municipio de Cantagallo, asesinaron a dos personas: Nixon Mutis quien se dedicaba a la erradicación de cultivos ilícitos y Nilson Dávila, presidente de la junta de acción comunal de la vereda Chaparral de este municipio.
Nos preocupa que estos asesinatos dirigidos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en regiones afectadas por el conflicto armado, respondan a unos patrones y características semejantes y que a pesar de ello, sigan siendo minimizados por el gobierno, desconociendo la sistematicidad de estas acciones y la disputa territorial y económica de nuevos actores armados que han entrado a retomar control ante la ausencia por parte del Estado en dichos territorios.
De las personas asesinadas tres se reconocían como afrodescendientes, cuatro como indígenas y 15 de ellos y ellas, eran campesinos que habitaban zonas rurales.
Ello ha impactado de manera significativa a organizaciones y personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, quienes han venido recibiendo estigmatizaciones y señalamientos por su labor, por parte de enemigos del proceso de paz.
Creemos necesario que se tomen de manera urgente medidas para evitar el recrudecimiento de la violencia; garantizar celeridad en las investigaciones, empezando por la identificación y judicialización de los responsables. Estamos en un momento crucial para el país, en términos electorales, por lo que instamos a los diferentes organismos del estado a establecer medidas efectivas de protección de la sociedad civil, determinar medidas específicas para líderes y lideresas amenazados en diversos municipios y zonas del país; así mismo fortalecer las labores de inteligencia que permitan desmantelar grupos armados que violan los derechos humanos de esta población.
Queremos recordar que todos estos hechos además de atentar contra la vida e integridad, son una violación directa al derecho de opinar y pensar, al derecho fundamental de participar en las instancias políticas y defender los derechos humanos.
Caribe Afirmativo