Gracias al activismo en Colombia hemos vivido un año de unión y resistencia. La movilización y la acción colectiva nos han demostrado que es posible consolidar una sociedad que respete y reconozca la diversidad, la autonomía y la dignidad de sus habitantes, a pesar de los retrocesos que buscan poner fin a los anhelos de igualdad.
En el Caribe colombiano las brisas de estos meses no solo anuncian la llegada de un buen tiempo a estas tierras cálidas —cada vez más afectadas por la inclemencia del cambio climático— sino que también anuncian las fiestas necesarias para renovar los afectos y los valores colectivos. En ellas, los balances de avances y resultados, fruto del esfuerzo de muchas personas que comenzaron el año con la ilusión de que fuera mejor, cobran vigencia hoy. Entre ellos, por supuesto, tienen lugar las luchas del movimiento LGBTIQ+. Quiero contribuir a dicho balance presentando algunas acciones que, desde mi perspectiva, significaron avances en nuestras agendas y, al mismo tiempo, retos que, aunque puedan percibirse como dificultades, tenemos el potencial de convertir en oportunidades de transformación.
- La puesta en marcha de la institucionalidad del gobierno del Cambio fue un paso importante. Por primera vez, el Plan de Desarrollo Nacional incluyó una línea de trabajo para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+, materializándose en el acceso a derechos, acciones para la inclusión laboral con énfasis en personas trans y campañas para transformar la cultura ciudadana. Sumado a la reactivación de la Mesa de Casos Urgentes, la creación de la Gerencia de la Diversidad en la Vicepresidencia y la reactivación de la política pública con escenarios participativos territoriales y sectoriales, este año demostró un gobierno comprometido con la vida de las personas diversas en cuanto a sexo y género.
- La apertura del macro caso 11 en la Jurisdicción Especial para la Paz, denominado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa en el marco del conflicto armado colombiano“, fue el resultado de un proceso de incidencia de mujeres y personas LGBTIQ+. Estas personas han experimentado en el crimen de persecución por prejuicio, materializado en violencias sexuales y violencias reproductivas, sus principales y más desproporcionadas expresiones. Con esta sala especial, no solo se permitirá un estudio, investigación, denuncia y procesamiento específico, sino que también se buscarán estrategias para prevenir prácticas estructurales que permitan la comisión de estos delitos en una sociedad en posconflicto.
- El Protocolo de voto trans y la elección de 24 personas abiertamente LGBTIQ+ en cargos de elección popular son logros significativos. La implementación, por tercera vez, del protocolo del voto trans, emitido por el Consejo Nacional Electoral, para garantizar la participación de las personas de vida trans en las elecciones territoriales, acompañado de un despliegue territorial promovido por la Misión de Observación Electoral, logró consolidar pasos significativos para garantizar el derecho al voto. Además, la participación de más de 140 personas abiertamente LGBTIQ+, que resultó en la elección de 24 de ellas, profundizó la democracia para garantizar la igualdad.
- La expedición de la directiva para la investigación y la judicialización por parte de la Fiscalía de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas, reales o percibidas, como continuación de la decisión tomada el año anterior con la guía de buenas prácticas, permite que la investigación judicial en Colombia, cuando se trata de víctimas LGBTIQ+, desarrolle como primer concepto el prejuicio motivado por su OSIEGD como motivo del delito. Esta herramienta será de mucha utilidad en uno de los países con mayores violencias contra las personas diversas en cuanto a sexo y género (solo en 2022, 148 homicidios y feminicidios), donde circulan mayores amenazas a los liderazgos y no se logra reducir la impunidad y el estado de indefensión de las víctimas.
- La primera Audiencia Pública de la Defensoría del Pueblo sobre violencia contra personas LGBTIQ+, celebrada en Barranquilla con ocasión del Día de No a la homofobia, persiguió el compromiso del Estado en su conjunto de tomar acciones específicas frente al recrudecimiento de la violencia y la falta de garantías para la vida digna de las personas LGBTIQ+. Además, la Audiencia promovida por la Procuraduría General de la Nación en Los Montes de María con ocasión del feminicidio de La Pola, una líder trans víctima del conflicto armado y perteneciente a un sujeto de reparación colectiva, promovió una acción territorial concreta y colaborativa por parte del mismo Estado para avanzar con celeridad en la investigación y prevención.
- El Examen Periódico Universal que se le realizó a Colombia por parte de Naciones Unidas sobre la vigencia de los Derechos Humanos no solo significó que la sociedad civil reiterara llamados de atención específicos al Estado y que este respondiera con algunos avances y muchos compromisos, sino que países como Chile, Argentina, Suecia y el Reino Unido hicieran recomendaciones específicas al país para que avanzara en acciones muy concretas en la garantía de vida digna para las personas LGBTIQ+. La falta de garantía al liderazgo social, la ausencia de políticas de interseccionalidad, la dificultad de acceder a derechos económicos, sociales y culturales, la falta de garantías para consolidar la paz y la urgencia de activar la Política Pública Nacional están entre las solicitudes más apremiantes.
- La Conferencia Mundial de Refugiados, celebrada en Ginebra, en la que Colombia fue país convocante, que luego de muchas restricciones y de años de solicitud de la sociedad civil, no solo abrió sus puertas para que se discutieran los riesgos de la movilidad humana que enfrentan las personas LGBTIQ+, sino que también los países de la ONU y la Agencia para los Refugiados asumieron compromisos específicos. Desde los territorios donde son expulsados por la ausencia de garantías de derechos hasta las rutas migratorias —que suelen estar atiborradas de expresiones de desprecio y discriminación por la xenofobia naturalizada y que se agudizan hacia las personas diversas en cuanto a sexo y género— y la ausencia de protocolos especiales y rutas de atención que atiendan esta crisis humanitaria a las personas que huyen por la persecución que genera en muchos lugares del mundo la diversidad sexual y de género.
- La presentación en el Congreso de la República de la Ley de prevención de las mal llamadas “terapias de conversión” y el arribo de la propuesta de ley de identidad trans, resultado de un proceso altamente participativo, dan origen a una deuda histórica que tenía el país con los derechos de las personas LGBTIQ+. Es necesario legislar en materia de fortalecer la igualdad como derecho y promover ejercicios legislativos que blinden condiciones favorables a personas diversas en cuanto a sexo y género. Esto bajo el liderazgo de la “bancada arcoíris”, primer colectivo legislativo de personas diversas en cuanto a sexo y género que tiene Colombia, liderado por nuestros siete congresistas abiertamente LGBTIQ+ que están en curules en la actualidad.
- La materialización de sentencias judiciales que, mediante fallos de tutela mayoritariamente a lo largo y ancho del país, han venido protegiendo derechos de personas LGBTIQ+, es destacable. Entre ellas se destacan el derecho a la participación, a la educación, al trabajo decente, al uso y disfrute del espacio público, pero también decisiones que han sancionado expresiones homofóbicas y transfóbicas en espacios públicos, centros comerciales, establecimientos educativos y medios de comunicación que han aprovechado su influencia para promover el odio hacia las personas diversas en cuanto a sexo y género.
- La aprobación de políticas públicas en muchos entes territoriales que materializaron los compromisos de los gobiernos locales con los derechos de las personas diversas en cuanto a sexo y género son herramientas importantes. Si bien por sí solas no garantizan derechos, son instrumentos que dan facultades específicas, recursos concretos y tareas especializadas a los entes territoriales para avanzar en esta materia. Aquí se destacan municipios como El Paso, Cesar, el departamento de Sucre y las ciudades de Popayán e Ibagué. Además, entes territoriales que tenían avances al respecto promovieron proyectos de actualización de la Política Pública, como fue el caso de Bogotá y Medellín.
- El florecimiento de colectivas LGBTIQ+ en los territorios, particularmente no capitales, con alta participación de mujeres LBT, mayoritariamente jóvenes, desde expresiones muy significativas como el arte, la movilización social y los espacios digitales, es alentador. Además, el fortalecimiento de experiencias organizativas de disidencia sexual y de género en comunidades indígenas y afro y el compromiso público de algunos sectores religiosos de acompañar y respetar la autonomía y dignidad de las personas LGBTIQ+ creyentes.
- El DANE ha diseñado una encuesta sobre diversidad sexual y de género en Colombia con el propósito de identificar experiencias de vida y percepciones de discriminación de las personas LGBTIQ+. Esta herramienta es fundamental para promover su visibilización y fortalecimiento en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, proporcionar al Estado realidades concretas. Sobre estas realidades, el Estado podrá formular acciones de política pública tendientes a mejorar su calidad de vida y acceso efectivo a los derechos en agendas como salud, educación, trabajo, movilidad, participación, cultura, seguridad, vivienda y familias sociales, todo ello con un enfoque territorial y sectorial.
Estas son solo algunas de las muchas acciones que se impulsaron en 2023 para hacer de Colombia un país inclusivo para las personas LGBTIQ+. Tendremos que esperar la implementación y evaluar la efectividad de estas medidas. Mientras eso sucede —y estaremos muy vigilantes— terminamos el año saludando estos avances y solicitando, sobre todo como propósitos de año nuevo, que se incrementen los esfuerzos para erradicar de forma estructural la violencia motivada por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad y expresión de género. Además, instamos a abordar con contundencia la recomendación de la Comisión de la Verdad de no superar esa complicidad social existente en Colombia, que valida cotidianamente el desprecio hacia las personas diversas en cuanto a sexo y género.
Wilson Castañeda Castro
Director
Caribe Afirmativo