Entre el 20 de noviembre del 2021 y el 20 de noviembre del 2022 han sido asesinadas 22 personas trans. Se hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para la garantizar una vida digna, libre de violencias y espacios de dignidad para todos, todas y todes.
17 de noviembre de 2022. Mayte Mejía se encontraba en el parque el Bosque en el municipio de Calarcá (Quindío), cuando un hombre con un arma blanca le propinó una puñalada en la zona del tórax que le ocasionó su muerte, convirtiéndola así en la persona trans número 20 asesinada en Colombia durante el 2022 en el marco de la discusión nacional sobre la consolidación de un país en paz total.
El oficial que atendió el caso manifestó a medios de comunicación, sin haber hecho ninguna investigación previa, que “se están realizando las investigaciones, pero han sido fruto de una riña. No tiene conexión con otras situaciones pasadas de la comunidad LGBTIQ+”. Estas afirmaciones descartaron el enfoque de género que debe mantener la investigación para ahondar en la posibilidad de que la violencia ejercida sobre el cuerpo de Mayte fuese por el prejuicio en razón de su identidad de género, teniendo en cuenta que en el departamento de Quindío para la fecha ya habían ocurrido otros 2 asesinatos a mujeres trans.
Como ella, el Observatorio de DD.HH de Caribe Afirmativo registra múltiples casos de homicidios y/o feminicidios de mujeres trans, presentado una alerta importante sobre las garantías para la protección de la vida e integridad personal. Entre el 20 de noviembre de 2021 y el 20 de noviembre de 2022 el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha registrado 22 casos de mujeres trans asesinadas en el país. Las cifras demuestran que la discriminación y la violencia estructural continúa cimentándose en Colombia, hoy ramificándose mediante discursos de odio que recurren al biologicismo para desconocer las vivencias de personas trans.
Muchos de los casos registrados tienen en común: muertes violentas ejecutadas con armas blancas o cortopunzantes, actos de sevicia que intentan desdibujar la identidad de género de las víctimas, y una evidente revictimización de los cuerpos y la memoria. En los peores casos, existe también una criminalización sobre las construcciones identitarias y de las formas de supervivencia en un sistema transfóbico por parte de autoridades, sociedad y medios. Aún no ha finalizado el año 2022 y las alertas siguen creciendo, pues existe una tendencia de años anteriores que demuestra que los últimos meses de cada año, las violencias sobre los cuerpos de personas LGBTIQ+ aumentan.
Los asesinatos no son la única forma de violencia en contra de personas trans.
La violencia estructural, reconocida como aquella violencia que impide a las personas satisfacer sus necesidades básicas que deberían estar garantizadas por el Estado, es propiciada por el abandono estatal en forma de la ausencia de garantías y medidas efectivas para proteger a personas en condiciones de vulnerabilidad, convirtiéndose en otra violencia que acaba con las personas y las identidades trans.
Una investigación realizada por Caribe Afirmativo presenta un registro alarmante de casos de personas trans que fallecieron por no recibir atención médica. Durante la cuarentena estricta dada por la pandemia de COVID-19 murieron al menos tres personas trans en condiciones de profunda negligencia y abandono estatal: Alejandra Monocuco, mujer trans trabajadora sexual del barrio Santafé en Bogotá; Estefany “Chispita”, mujer trans habitante de calle en Cartagena; y Vicky, mujer trans en situación de movilidad humana, trabajadora sexual y habitante de calle en Barranquilla. Estas muertes pudieron ser fácilmente evitables con una atención médica oportuna e integral, al servicio de todas las personas.
En este 2022 se presentaron dos casos similares: Skarleth Exmeiro Negrett en Santa Marta, y Chokis Medina en Medellín, murieron en condiciones de profunda negligencia y abandono estatal perfectamente prevenibles. Todas estas muertes son un claro ejemplo de una violencia institucional sistemática e histórica hacia las mujeres trans en la región Caribe y el país, que considera de segunda categoría sus demandas, negándole derechos fundamentales como la vivienda y la salud. Por supuesto, estas apreciaciones son parte de un subregistro, pues estas muertes son consideradas como naturales y no reciben investigación sobre la responsabilidad del Estado en estas vidas perdidas.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado urgente a que el Estado asuma sus responsabilidades y tome acciones frente al sistema cis-normativo que considera a las personas trans como sujetos de menos derechos. Los enfoques diferenciales para personas trans, personas en situación de calle y personas seropositivas son necesarios para que el sistema de salud responda a las necesidades reales de las personas cuyas vidas debería estar salvando cada día.
Las violencias también son diferenciadas.
A pesar que la violencia es hegemónica, no se ejerce de la misma manera sobre los cuerpos de mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, ni tampoco tiene el mismo impacto sobre el goce efectivo y el acceso a los derechos humanos. El Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha conocido dinámicas de violencias específicas sobre mujeres trans, diferenciadas en conductas violentas -aquellas que tienen trascendencia jurídica en lo penal-, y prácticas violentas -aquellas que se repiten con frecuencia pero no son sancionadas jurídicamente-. En el marco de la memoria trans, recalcamos las múltiples violencias asociadas a las burlas, matoneo, expulsión de escenarios y espacios de interacción, laborales o sociales.
Por otro lado, las mujeres trans se enfrentan un mundo cimentado en una desigualdad que refuerza círculos de pobrezas y estipula oficios específicos estereotipados: estilistas, peluqueras o trabajadoras sexuales. Lo paradójico es que el trabajo sexual es criminalizado y estigmatizado, el ejercicio del derecho a la libertad sexual para las mujeres trans es constreñido y las mujeres trans son sometidas a formas de violencias sexual con fines jerarquizantes. Una dinámica de violenta concreta que parece nunca acabar es la violencia policial que sigue ejerciéndose sobre los cuerpos de mujeres trans e implica agresiones verbales, sexuales y físicas, constreñimiento, expulsión del espacio, retención y eliminación de documentos de identidad de mujeres que han cambiado su nombre y componente sexo-género, chantaje, entre otras prácticas.
Los hombres trans no tienen tampoco un panorama fácil, pues sus experiencias de vida son altamente invisibilizadas y se enfrentan a obstáculos para acceder a procedimientos médicos de reafirmación de género. Esta práctica violenta es repetida en otras esferas, traduciéndose en agresiones verbales y físicas. Entre puntos comunes entre personas con experiencias de vida trans se muestra la dificultad para el acceso y permanencia en establecimiento de educación básica secundaria y superior; en el ámbito laboral estas dificultades persisten por prejuicios o por tendencias a desconocer los cambios de nombre y componente sexo-género en documentos de identidad.
Ante este panorama, desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las entidades territoriales para garantizar una vida digna, libre de violencias y espacios de dignidad para todos, todas y todes. Se requieren acciones inmediatas, pues en Colombia siguen matando a las personas trans y los casos quedan relegados a procesos archivados, haciendo que exista un alto índice de impunidad y escasas acciones preventivas para disminuir las violencias. El derecho fundamental de las personas trans a una vida digna debe ser prioridad del Estado y la sociedad.