1. Se abrieron espacios en la agenda de paz a grupos poblacionales históricamente excluidos como las mujeres y las personas LGBT, permitiéndonos ser una generación de colombianas y colombianos que construimos ciudadanía para la paz.
  2. Con el Acto Legislativo 01 se logró integrar el acuerdo como criterio de validez para las normas que lo desarrollan en materia de derechos humanos y DIH.
  3. Se puso en marcha el Sistema Integral de Justicia Transicional, conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
  4. Las instancias del Sistema de Justicia Transicional están conformadas por hombres y mujeres con gran experticia en construcción de paz, con una hoja de vida intachable y unos procesos de selección que fueron abiertos al público.
  5. Se han activado grandes espacios para la participación de la sociedad civil como la Alta Instancia de Mujer y Género, los Consejos Territoriales de Paz y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
  6. Se pusieron en marcha los enfoques diferenciales en todo el proceso de implementación de los acuerdos, entre ellos el enfoque de género que aborda los efectos de la violencia diferenciada hacia mujeres y personas LGBT.
  7. Se fortalecieron los espacios de participación de organizaciones de la sociedad civil de diversos territorios en la construcción y socialización de metodologías para las partes del Sistema de Justicia Transicional.
  8. Las FARC pasó de ser un grupo armado a partido político con representación en el Congreso de la República.
  9. Se logró la puesta en marcha del estatuto de la oposición, que hoy permite avances significativos en materia de participación política de grupos minoritarios.
  10. Reducción de las cifras de la violencia: 200 Secuestrados en 2017, la cifra más baja desde que hay registros, 0 Víctimas por ‘minas’ en 2017 y 12.000 homicidios en 2017, después de una cifra que superaba los 29.000 en 2012.