De acuerdo con un informe de El Tiempo, eran sometidos a explotación laboral, sexual, hacinamiento, entre otros tipos de violencias. Cinco de estas personas tienen nacionalidad venezolana.
22 de noviembre de 2022. El pasado nueve de noviembre, unidades de la Policía, miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y del Gaula Militar llevaron a cabo un operativo en una casona del barrio Boston, ubicado en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla. De acuerdo con información detallada por la Unidad Investigativa de El Tiempo, este operativo tuvo la intención de desarticular “una de las redes más poderosas de trata de personas que se había instalado desde hace un par de años en el departamento del Atlántico”. Para llevarlo a cabo —según detalló el medio— las autoridades colombianas, apoyadas en la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos, realizaron un seguimiento durante 16 meses a esta red. En ese periodo de tiempo, fue posible conocer información sobre las víctimas: 17 hombres LGBTIQ+ con edades entre 19 y 25 años, de los cuales cinco tienen nacionalidad venezolana.
Según indicó El Tiempo, autoridades colombianas detallaron que estas personas fueron captadas por esa red a través de manipulaciones —perfilando a sus víctimas de acuerdo con su vulnerabilidad socioeconómica— y ofreciéndoles “propuestas laborales atractivas”, que en realidad hacían referencia a situaciones de sometimiento y explotación laboral en un estudio webcam llamado CarolStudio. Conforme a información entregada por la Fiscalía al medio de comunicación, este era dirigido por alias Antony y su esposa, alias Johanna, quienes suministraban medicamentos a sus víctimas con el fin de que se mantuvieran sexualmente activos durante más tiempo.
“Las víctimas tras ser captadas eran obligadas a trabajar más horas de las que les indicaban inicialmente, también eran sancionados con pagos de multas por el incumplimiento de diferentes faltas establecidas por alias Antony y Johanna”, expuso El Tiempo, apoyándose en datos entregados en exclusiva por la Fiscalía. También se detalló que estas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas eran sometidas a malos tratos, vigilancia permanente a través de cámaras de seguridad, hostigamiento, malos pagos, hacinamiento, falsificación y retención de documentos, entre otros tipos de violaciones a sus derechos.
En Caribe Afirmativo reconocemos este caso como una clara violación de los derechos humanos de personas LGBTIQ+, en el cual confluyen diferentes tipos de violencias por prejuicio, además de que se esté ante un posible caso de trata de personas. Con esto se hace referencia a que, en esta situación, las personas fueron captadas, trasladadas y acogidas con los fines de explotación sexual y laboral.
En una investigación realizada por Caribe Afirmativo en asocio con el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander en el 2022[1], se encontró que existen patrones en torno al delito contra personas LGBTIQ+. Uno de estos es la exclusión social, en el cual se identificó que: “la violencia contra ellas no surge en un vacío, sino que responde a un contexto social donde han sido sistemáticamente excluidas, además de enviar un mensaje muy claro para toda la comunidad sobre el lugar que deben ocupar”. Estas sistematizada ha afectado de manera diferenciada a personas venezolanas LGBTIQ+, para quienes su proceso de movilidad humana implica una ruptura de sus redes de apoyo, negación en el acceso a derechos debido a su OSIGEG diversa y origen nacional, y la búsqueda de alternativas para la subsistencia.
Del mismo modo, de acuerdo con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde el 2020, estos grupos criminales dedicados a la trata de persona suelen perfilar a población en proceso de movilidad humana para su posterior reclutamiento, valiéndose de su situación de vulnerabilidad social y desprotección de derechos. Estas personas, luego de ser reclutadas, suelen ser sometidas a tratos crueles e inhumaos, como es el caso mencionado, donde se les sometía a jornada laborales extensas, retención ilegal de documentos, cobros de penalidades excesivas.
El aumento de casos de trata de personas en Colombia obedece a la inoperancia del estado de atender esta problemática de manera estructural. Además, el aumento del control social por parte de grupos armados y bandas criminales les ha permitido articularse entre ellas para dominar las rutas migratorias y así facilitar la captación, traslado y acogida de personas provenientes de Venezuela. En el caso particular de las personas LGBTIQ+ en proceso de movilidad humana que terminan captadas por estas redes, se puede entrever los retos del Estado colombiano como país de acogida y desamparo por parte de las autoridades, nacionales, locales y departamentales, que no les brindan condiciones de vida digna y protección de derechos a las personas con orientaciones sexuales, identidades y/o expresiones de género diversas.
Desde Caribe Afirmativo hacemos un llamado para que las autoridades competentes en este caso cumplan con los mecanismos establecidos para la investigación y judicialización de los presuntos responsables. Y, principalmente, que se les brinde las garantías, medidas de seguridad y protección adecuadas a las 17 hombres GBT encontrados en esta casa, a los cuales debe acompañárseles a nivel jurídico y psicosocial; sumada a otras medidas de reparación individual y colectiva.
[1] Caribe Afirmativo & Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander (2022) Yo no quiero esto para mi vida: informe sobre personas LGBTI víctimas de trata de personas en Antioquia, Santander y Norte de Santander. Barranquilla, Colombia. Disponible en: Documentos – Corporación Caribe Afirmativo