16 de mayo de 2025. Caribe Afirmativo, a través de su Observatorio de Derechos Humanos, presenta el informe anual “Con-permiso para despreciar”, una radiografía exhaustiva y dolorosa sobre las múltiples formas de violencia, discriminación y exclusión que enfrentaron las personas LGBTIQ+ en Colombia a lo largo de 2024. El documento parte de un análisis cuantitativo y cualitativo riguroso, fundamentado en el seguimiento continuo de medios, redes sociales, denuncias ciudadanas y fuentes oficiales, y busca visibilizar no solo los hechos de violencia sino las estructuras sociales e institucionales que los permiten y reproducen.
Panorama general
En 2024, 164 personas LGBTIQ+ fueron asesinadas, es decir, una cada 55 horas. Esta cifra alarmante no es solo un dato estadístico: es una alerta sobre una violencia sistemática que se ha arraigado como parte de la vida cotidiana para quienes viven desde identidades, cuerpos y deseos diversos. A este dato se suman al menos cuatro amenazas diarias, y múltiples agresiones que reflejan la consolidación de discursos de odio y narrativas excluyentes tanto en la esfera pública como privada.
Este contexto se da en medio de una reconfiguración de los sectores antiderechos a nivel global, que en Colombia han encontrado terreno fértil. La legitimación del odio desde voces institucionales y mediáticas ha favorecido la proliferación de violencias que no sólo afectan directamente a personas LGBTIQ+, sino que buscan borrar su presencia, su voz y su dignidad de los espacios sociales.
Capítulos clave del informe
1. Con-permiso para matar: vidas LGBTIQ+ en la mira del prejuicio
El informe documenta 164 homicidios, con un marcado subregistro de detalles: en el 59% de los casos no se identificó el método de asesinato y en el 80% no se documentaron otras violencias conexas como tortura o mutilación. Las víctimas principales fueron hombres gais y mujeres trans, concentradas en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.
La impunidad es abrumadora: el 86.45% de los casos están aún en etapa de indagación preliminar, sin mayores avances judiciales. Esto evidencia el fracaso estructural del sistema de justicia para atender los crímenes motivados por orientación sexual e identidad de género.
2. Con-permiso para perseguir: amenazas que buscan borrar identidades
En promedio, cuatro personas LGBTIQ+ fueron amenazadas cada día en 2024, sumando alrededor de 120 amenazas mensuales. Muchas de estas están dirigidas a personas defensoras de derechos humanos, quienes se ven obligadas a exiliarse, desplazarse o silenciarse.
El 99.8% de estos casos no avanza en la justicia, lo cual perpetúa un clima de miedo e impunidad. Las amenazas provienen tanto de actores armados como de sectores ultraconservadores y se concentran especialmente en la región Andina, seguida de Caribe y Pacífica.
3. Con-permiso para la represión: violencia policial
La violencia policial se mantiene como una constante. En 2024 se registraron 150 casos de abuso de autoridad, afectando principalmente a hombres gais y bisexuales, aunque también a personas trans y lesbianas. Los abusos incluyen requisas arbitrarias, hostigamiento en vía pública y detenciones discriminatorias.
Bogotá y Antioquia concentran más del 50% de los casos. La mayoría de las denuncias permanecen sin resolución (92.8% en etapa preliminar), lo que refuerza la desconfianza hacia las fuerzas del orden.
4. Con-permiso para discriminar: exclusión cotidiana y permisividad estatal
La discriminación contra personas LGBTIQ+ sigue siendo una de las formas más naturalizadas de violencia. Aunque en 2024 se registró una disminución del 41.3% de los casos respecto a 2023 (649 reportes), esta reducción puede estar relacionada con el subregistro y la pérdida de confianza institucional.
La discriminación se evidencia en escuelas, servicios de salud, trabajos y redes sociales. El 65% de los casos documentados en educación ocurrieron en entornos escolares. A pesar de que existe normativa que prohíbe estos actos, como el artículo 134B del Código Penal, su implementación es deficiente.
5. Con-permiso para violentar cuerpos: violencia sexual
Una de las formas más graves de violencia es la sexual. En 2024 se registraron 689 víctimas únicas, un incremento del 67.2% respecto al año anterior. El tipo de agresión más común fue el acceso carnal violento, seguido por abuso contra menores de edad y acoso sexual.
Las mujeres lesbianas y bisexuales constituyen la mitad de las víctimas, lo cual evidencia una violencia patriarcal profundamente enraizada. La región Andina, especialmente Bogotá, concentra casi el 45% de los casos.
6. Con-permiso para acosar y viralizar el odio: violencia digital
El informe destaca, por primera vez, la violencia digital como un eje de análisis. Se documentaron 1.096 víctimas, siendo los hombres gais y bisexuales los más afectados, seguidos por mujeres lesbianas y personas trans.
Las agresiones incluyen acoso en redes sociales, outing (revelación forzada de identidad), pornovenganza, suplantación de identidad y amenazas. La falta de legislación específica y la inacción de las plataformas digitales perpetúan esta forma de violencia, que tiene consecuencias devastadoras para la salud mental y la seguridad de las víctimas.
7. Personas LGBTIQ+ privadas de la libertad
A diciembre de 2024, el INPEC reportó 1.293 personas LGBTIQ+ privadas de la libertad, muchas de las cuales enfrentan violencia estructural, hacinamiento, exclusión de servicios de salud, violencia sexual y discriminación institucional.
Los registros del sistema penitenciario son deficientes y no reflejan adecuadamente la diversidad de identidades. Además, muchas de las quejas no reciben atención efectiva, lo que perpetúa la impunidad. La situación es especialmente crítica en la región Central y Oriental, con casos documentados de agresiones físicas y psicológicas en centros penitenciarios como el de Barranquilla.
Recomendaciones del informe
El informe concluye con una serie de recomendaciones a instituciones del Estado colombiano, orientadas a fortalecer la prevención, protección, atención, investigación, reparación y transformación social, entre las que se destacan:
- Fortalecer capacidades institucionales en territorios rurales y con alto subregistro.
- Crear protocolos específicos de atención para personas LGBTIQ+ en instituciones públicas.
- Capacitar a funcionarios en enfoque de género, diversidad sexual e interseccionalidad.
- Implementar sistemas de registro adecuados y respetuosos de la identidad de género y orientación sexual.
- Garantizar acceso efectivo a la justicia y sanción de los responsables de violencia.
- Promover pactos éticos con medios y redes sociales para frenar discursos de odio.
- Exigir responsabilidad a plataformas digitales ante la violencia LGBTIQfóbica en línea.
- Reconocer y proteger el trabajo de personas defensoras de derechos LGBTIQ+.
Conclusión
Con-permiso para despreciar es un informe que no sólo evidencia el alto costo humano de la discriminación y el odio, sino que exige una transformación estructural urgente en las políticas públicas, el sistema judicial, y la cultura institucional en Colombia. Las cifras, las voces y los patrones aquí descritos son una denuncia colectiva, una llamada a la acción y una apuesta por la vida digna de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.