Foto: Mesa Nacional de Víctimas
15 de noviembre de 2022. La llegada al poder de Gustavo Petro y Francia Márquez marca un cambio significativo en la historia democrática colombiana reciente, por lo cual la ciudadanía en general ha generado una amplia expectativa sobre el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de grupos históricamente excluidos, en situación de vulnerabilidad o invisibilizados. Entre estos grupos, las personas LGBTIQ+ fueron fundamentales para la llegada de este nuevo gobierno, por lo cual consideran que sus voces deben ser recogidas de forma contundente en las políticas, planes y acciones del mismo.
A inicios de este gobierno, desde Caribe Afirmativo planteamos 10 acciones de carácter necesario, inmediato y urgente para el reconocimiento pleno de los derechos de personas LGBTIQ+:
- Activar de inmediato y de forma participativa el plan de acción de la Política Pública LGBTIQ+.
- Activar de inmediato la mesa de casos urgente para investigar violencias contra personas LGBTIQ+.
- Fortalecer la aplicación del enfoque de género en la implementación de Acuerdo de Paz.
- Acoger las recomendaciones del informe de la CEV, construyendo dentro de los primeros 100 días una hoja de ruta para la implementación de estas.
- Promover estrategias para la garantizar y proteger la vida de personas trans.
- Implementar un plan de acceso diferencial al sistema de salud, tanto en la prevención y atención del VIH, como en derechos sexuales y derechos reproductivos.
- Ampliar la oferta de regularización activada en el gobierno anterior para la ciudadanía en movilidad humana.
- Consolidar en el sistema educativo acciones formativas a estudiantes, docentes y padres de familia, con una cátedra específica sobre diversidad sexual y de género.
- Fortalecer los enfoques diferenciales para personas LGBTIQ+ en ministerios, entidades descentralizadas y oficinas misionales.
- Asumir como política de Estado un plan permanente de transformación de la cultura ciudadana.
Cumplidos los 100 días del nuevo gobierno, existen algunos avances que no han sido lo suficientemente significativos. Reconocemos que se han adelantado acciones para la adopción de las recomendaciones de la CEV y se está promoviendo un nuevo enfoque preventivo en el sistema de salud, en el cual se incluye a las personas LGBTIQ+. Además, el 9 de septiembre se sancionó el Decreto 1974 de 2022, por el cual el presidente Gustavo Petro le asignó encargos a la vicepresidenta Francia Márquez, entre los que se encuentra la coordinación interinstitucional e intersectorial para el cumplimiento de las políticas públicas de personas LGBTIQ+, entre otras.
Se espera que este encargo aborde problemáticas de carácter urgente que afectan los derechos de personas LGBTIQ+ como el alto índice de homicidios y feminicidios registrados en Colombia, la desprotección jurídica que viven personas con experiencias de vida trans, las ausencias de garantías de seguridad que tienes las lideresas, líderes y defensores humanos LGBTIQ+, la falta de reglamentación sobre el trabajo sexual y el modelaje webcam, y las prácticas consideradas torturas y/o los tratamientos inhumanos y/o degradantes, como las mal llamadas “terapias de conversión”. Otro avance sería la presentación del proyecto del Ministerio de la Igualdad, el cual todavía no ha sido discutido por el Congreso de la República.
Sin embargo, hasta el momento no se discute ni se habla sobre el plan de acción de la Política Pública LGBTIQ+, una política necesaria para la garantía de derechos de personas LGBTIQ+. Tampoco se ha activado la mesa de casos urgente para investigar violencias contra personas LGBTIQ+, acción que requiere un impulso efectivo, pues el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha registrado 54 homicidios y/o feminicidios de personas LGBTIQ+ a nivel nacional en el 2022.
Las vidas de las personas LGBTIQ+ siguen siendo acabadas por civiles y actores armados ilegales, mientras que las discusiones sobre estos hechos se suelen centrar en la búsqueda de la justificación de estas formas de violencia, por lo cual no existen estrategias reales para garantizar la vida e integridad personal. Así ocurre con personas migrantes venezolanas: el proceso de regularización del ETPV activada en el gobierno anterior para la ciudadanía en movilidad humana se ha convertido es un escenario de revictimización, en especial, para las personas con identidades de género diversas.
Aunque reconocemos desde Caribe Afirmativo que el gobierno está iniciando, también exigimos que la Presidencia de la República impulse y acelere esfuerzos para el reconocimiento de los derechos de personas LGBTIQ+, pues siempre han sido parte de “lxs nadie” en los territorios del país, invisibilizados históricamente. En ese sentido, la creación de la Comisión Accidental LGBTI como encargada de impulsar los temas relacionados con la creación de políticas públicas y la ley trans es un avance fundamental, mientras que el Gobierno Nacional debe seguir fortaleciendo su respuesta ante las múltiples violencias por prejuicio de las que son víctimas cada día las personas LGBTIQ+.