15 de junio de 2020. El sábado 13 de junio a alrededor de las 12:30 p.m., comenzaron a circular a través de redes sociales las imágenes de una persona “tirada” en una calle del barrio Marbella en Cartagena de Indias. Los vecinos del sector desesperados ante la situación llamaron a la policía de manera insistente a los teléfonos provistos para emergencias. Intentaron comunicarse con las autoridades de la ciudad, pero nadie respondió al llamado. Los transeúntes no se atrevían acercarse a brindarle algún tipo de ayuda por temor a contagiarse de COVID-19. Después de cuatro horas de no haber sido auxiliada, una ambulancia la recogió y la llevó a un centro médico, pero ya era demasiado tarde para brindarle atención médica y murió horas después en el mismo centro asistencial.
Ella era Estefany, conocida cariñosamente como “Chispita”, una mujer trans habitante de calle, que vivía con VIH y que en los últimos días reclamaba insistentemente atención por parte del servicio médico, murió por no tener una atención oportuna, en un claro ejemplo de la negligencia estatal y de una violencia institucional sistemática e histórica hacia las mujeres trans en la región Caribe y el país, que considera de segunda categoria sus demandas. Su muerte en medio del abandono, la denegación de sus derechos fundamentales y el temor colectivo engrosa las estadísticas de un país donde la falta de garantías y protección a los derechos de las personas trans es constante, el prejuicio continúa matando y el estado decide qué cuerpos importan y cuáles se desechan.
Debido a las dinámicas de exclusión, muchas mujeres trans como Estefany, han visto reducidas sus oportunidades de vida y han terminado empujadas y confinadas al trabajo informal, sexual, al rebusque y a una serie de actividades donde la calle termina siendo para muchas su hábitat y lugar posible de vida. En estos escenarios el riesgo constante, la vulnerabilidad y la falta de intervención social del Estado agudiza las asimetrías y las condena a periferias de invisibilidad y abandono.
En Cartagena como se ha venido denunciando, con las medidas de confinamiento preventivo adoptadas en el contexto de la pandemia, las mujeres trans han sido significativamente afectadas, ante decretos como el “pico y género”, sus vidas fueron expuestas a mayor riesgo de sufrir violencia policial e institucional, y las restricciones frente al usos de calle como su única a forma de sobrevivencia las ha llevado a situaciones extremas de vulnerabilidad social y emocional.
El Caso de Estefany ocurre en circunstancias similares al fallecimiento de Alejandra en Bogotá, y aunque la Administración Distrital, respondió que en este hecho se presentó un error, y a los denunciados por Caribe Afirmativo ocurridos la semana que termina en Barranquilla, de dos mujeres trans habitantes de calle, que se encuentran en alto riesgo, por el estado grave de su salud que se ha deteriorado en los últimos días; en todos éstos casos, se evidencia una desidia atribuida al prejuicio y una presunta transfobia por parte de gobiernos locales y prestadores del servicio de salud.
Caribe Afirmativo, reitera su preocupación por la falta de políticas estructurales en el territorio para proteger a las personas trans en estos días de pandemia y hace un llamado a los entes competentes para que se investigue con celeridad el no cumplimiento de protocolos, la desidia en la atención, la ausencia de rutas claras y el desinterés de funcionarios del sistema de atención y prevención y policía, lo que llevo a la muerte en condiciones de abandono y vulnerabilidad de Estefany, negando de manera clara y sistemática el derecho a la dignidad humana de una mujer trans, a quien por sus condiciones de salud debió recibir atención prioritaria desde varios meses atrás.
Del mismo modo, solicitamos a la Alcaldía Distrital de Cartagena y a los gobiernos territoriales del Caribe, prestar especial atención a la garantía de los derechos fundamentales de las personas LGBT y de manera particular a mujeres trans quienes en estos días de aislamiento social, han evidenciado mayores niveles de riesgos en torno a violencias y la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Requerimos que se activen de inmediato acciones que garanticen su acceso a la alimentación, espacios dignos de vivienda y atención en sistema de salud de manera preventiva, gozando de sus derechos ciudadanos y evitando cualquier práctica es estigma o discriminación en razón de su identidad o expresión de género.