Retos que nos genera los movimientos anti derechos en la región. El caso de Colombia.

Palabras del director de Caribe Afirmativo en la Conferencia de Liderazgos Políticos LGBT en Washington DC, de Victory Institute.

Durante años, el movimiento LGBTI en Colombia se ha mantenido unido en torno a la lucha por el reconocimiento y la garantía efectiva de sus derechos. Con el tiempo, el movimiento ha acumulado logros y derrotas, pero sigue apostándole a la construcción de una Colombia incluyente, donde no exista la discriminación. Desde el año pasado, el debate político sobre el reconocimiento de derechos a personas LGBTI ha enfrentado una fuerte oposición sustentada en la tergiversación y la manipulación de la información.

En 2016, desde la fase final de la negociación del Acuerdo de Paz hasta el plebiscito del 2 de octubre, movimientos, partidos y actores políticos de derecha levantaron sus voces contra el Acuerdo de Paz señalando que este contenía la, mal denominada, “ideología de género”. Aunque los opositores de la “ideología de género” no definieron con claridad que quería decir tal ideología, lograron vender muy bien la idea de que a partir de ella el Acuerdo de Paz lograría promover la homosexualidad y que afectaba directamente a la familia como núcleo básico de la sociedad.

La idea, que circuló en redes sociales y medios de comunicación, no tardó en ser aceptada en amplios sectores sociales, y además recibió un fuerte respaldo por parte de iglesias evangélicas. Mientras desde el movimiento LGBTI Por la Paz se intentaba generar claridad y explicar a la sociedad que el Acuerdo de Paz en realidad contenía el enfoque de género -que no es más que un enfoque diferencial constitucionalmente válido- salió a la luz pública otra problemática.

Gina Parody, quien por aquel entonces se desempeñaba como Ministra de Educación y ha reconocido públicamente su orientación homosexual, fue acusada de promover la implementación de una serie de cartillas o manuales que promovían la homosexualidad o la transexualidad en los colegios y que contenían imágenes pornográficas. A partir de esa información, se generó un escándalo que llevó a padres de familia de todo el país a marchar en contra de la Ministra y de los manuales. Por su parte, el Congreso citó a la Ministra a un debate de control político.

Durante este debate de control político, y en diferentes oportunidades, la Ministra demostró que no había impuesto la utilización de ningún manual en los colegios; que se encontraba trabajando en conjunto con organizaciones internacionales en la elaboración de una cartilla para promover la no discriminación en los ambientes escolares, pero que su versión final aún no había sido consolidada; que las imágenes difundidas en redes sociales sobre la cartilla correspondían a revistas pornográficas europeas; y que el Ministerio de Educación tenía la obligación de cumplir con la sentencia T-478 de 2015, por medio de la cual la Corte Constitucional le ordenó, entre otras cosas, la revisión de los manuales de convivencia del país para garantizar que respetaran la diversidad sexual y de género. Pese a estas claridades, la oposición al Gobierno continuó afirmando que las cartillas de la Ministra de Educación atentaban contra la familia, y se produjo una percepción generalizada en ciertos sectores de la población, de que en efecto así sería.

El escándalo de los manuales de convivencia estuvo en furor durante los meses de julio y agosto, y el 24 de agosto el Presidente Santos anunció que había concluido la negociación del Acuerdo de Paz, y que este sería sometido a plebiscito el 2 de octubre. En esos momentos, la oposición al Acuerdo de Paz, respaldada por la fuerza que había tomado el escándalo de los manuales de convivencia, posicionó entre sus principales banderas contra el Acuerdo la “ideología de género”, y el apoyo de iglesias evangélicas en las marchas contra el plebiscito se hizo cada vez más notorio. Mientras tanto, LGBTI Por la Paz seguía promoviendo acciones pedagógicas para informar a la sociedad sobre el verdadero contenido del enfoque de género y la importancia de construir juntos la paz. Pese a sus esfuerzos, el No triunfó en el plebiscito del 2 de octubre.

A pesar de todo, el nuevo Acuerdo de Paz, que fue refrendado por el Congreso el 30 de noviembre del año pasado, no excluyó el enfoque de género y mantuvo el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. En el marco de la implementación, el Movimiento LGBTI ha continuado trabajando durante el 2017 en procesos de formación para que las personas comprendan las implicaciones y la importancia del enfoque de género, y generando acciones de incidencia para que las normas y programas de la implementación garantizaran los derechos y la participación de las personas LGBTI.

A su vez, durante estos dos últimos años la lucha del movimiento LGBTI no sólo ha enfrentado retos en el marco de la construcción de paz. A finales de marzo de 2016, la senadora Vivian Morales radicó 2.135.000 firmas para promover un proyecto de ley para convocar un referendo que permita que los colombianos voten a favor o en contra de que solo puedan adoptar las parejas heterosexuales,  prohibiendo la posibilidad de adopción por parte de parejas del mismo sexo, de personas solteras y viudas.

El proyecto era a todas luces inconstitucional, pues buscaba imponer un tratamiento jurídico diferenciado fundamentado en criterios sospechosos de discriminación, permitiendo a la mayoría disponer los derechos fundamentales de la minoría. En el marco de los debates en el Congreso y en medios de comunicación, quedaba claro que la evidencia científica no indicaba que la adopción por parte de parejas del mismo sexo afectara el interés superior del menor, y que permitir a parejas homosexuales adoptar no implicaba que en cada caso concreto no  tuviese que verificar la aptitud de los posibles padres para adoptar.  A pesar de eso, fue sólo hasta mayo de 2017, que se hundió en tercer debate en la Cámara de Representantes. En oposición al proyecto de referendo, el Movimiento LGBTI trabajó en conjunto con el Movimiento de Mujeres, cuyos aportes fueron indispensables.

Por ello, hoy los líderes y las lideresas LGBT en Colombia y en toda la región tenemos el reto de exigir que no se retroceda en lo ganado, que nuestros derechos no sean la moneda de cambio de los acuerdos políticos y que no se siga buscando perversidad en nuestra vida ciudadana, porque esto es un asunto de humanidad y dignidad; donde no puede existir ninguno motivo o argumentación de buscar mantener ciudadanos en segunda categoría

Caribe Afirmativo

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