Tres líderes LGBTI entre los defensores de DD.HH. que fueron asesinados en 2016

Así lo reveló un informe de las Naciones Unidas que recopila en una investigación los ataques contra defensores de derechos humanos.

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Tres de los 59 defensores de DD.HH. que fueron asesinados el año pasado, eran líderes LGBTI, según el informe anual de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La investigación también reveló que entre las víctimas hay cuatro mujeres, seis indígenas, un afrocolombiano y dos activistas juveniles.

En 2016 hubo 210 amenazas, 72 violaciones de derechos a la privacidad y la propiedad, tres desapariciones forzadas, y un caso de violencia sexual.  Y Córdoba con cuatro homicidios –señala el documento- es el cuarto departamento en donde se han registrado mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos, después de Cauca (14), Antioquia (7) y Norte de Santander (6).

En relación a estos ataques, el Ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, reconoció la importancia de esta problemática y señaló que el Gobierno está trabajando para solucionarla. Adicionalmente, resaltó que el fortalecimiento del control territorial e institucional y el avance eficaz en la implementación del Acuerdo de Paz permitirá reducir los ataques. También advirtió que ninguno de los líderes y defensores de derechos humanos asesinados había pedido protección al Estado colombiano. Sobre este último punto, Caribe Afirmativo considera necesario destacar que lideresas, líderes, defensores y defensoras de derechos humanos LGBTI han tenido dificultades para acceder a las medidas de protección, habida cuenta que la Unidad de Protección le has exigido pertenecer a una organización de defensa de derechos humanos legítimamente constituida como requisito para recibir dichas medidas.

Otro tema destacado en el desarrollo de la presentación del Informe fue el relacionado con la sustitución de cultivos. La participación de un representante del campesinado, el alcalde de Toribio y la gobernadora del Putumayo permitió abordar el asunto desde la perspectiva de las personas afectadas tanto por el conflicto armado como por la debilidad o ausencia del Estado. Asimismo, se abordaron las fallas en la implementación del Acuerdo, específicamente respecto a la planeación  de las zonas veredales transitorias, y se desatacaron los puntos aprobados en el acto legislativo por medio del cual se crea la Jurisdicción Especial para la Paz que podrían estar en contradicción tanto con lo acordado como con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.

Aunque se hizo referencia a la situación de derechos de grupos poblacionales vulnerables, como por ejemplo las personas campesinas, las mujeres, las comunidades indígenas, no se abordó la situación de derechos humanos de las personas LGBTI.

El Informe de Naciones Unidas también revela que la mayoría de los casos de agresión se encuentran en la impunidad; que 43 de los casos de asesinatos, las víctimas trabajaban en zonas rurales. Y que esto ocurre, según la investigación, por los vacíos de poder que han dejado las Farc; la escasa o débil presencia del Estado; la percepción que tienen los actores criminales; y el limitado acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.

Sobre los derechos humanos de personas LGBTI en el Informe.

En relación a los derechos humanos de las personas LGBTI en el Informe vale la pena destacar que:

  • Se hace referencia al compromiso que el Gobierno y las FARC-EP asumieron, en el marco del Acuerdo de Paz, de erradicar la desigualdad histórica de grupos poblacionales vulnerables, entre los que se incluye a las personas LGBTI. A su vez, se destaca positivamente la exclusión de la posibilidad de otorgar amnistía o indulto por delitos de violencia sexual en el Acuerdo.
  • Se incluye un apartado destinado a la violencia sexual y de género, que se describe como un problema endémico frente al cual deben tomarse medidas efectivas de solución. Sin embargo, esta referencia a la violencia de género parece referirse únicamente a mujeres y niñas, dejando de lado a las personas LGBTI.
  • Entre las recomendaciones del informe se encuentra la priorización del enfoque de género y la lucha contra la impunidad en el caso de delitos de violencia sexual que guarden relación con el conflicto armado. También se insta a distintas instituciones, entre ellas la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, al cumplimiento de sus compromisos en materia de protección a defensores y defensoras de derechos humanos.

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