“Qué pronto haya un nuevo Acuerdo de Paz”

Ese el llamado que hacen víctimas del conflicto, campesinos, indígenas, personas LGBTI,
grupos de mujeres, jóvenes y defensores de derechos humanos, que se reúnen
con los negociadores de las Farc en La Habana, Cuba.

Líderes sociales en La Habana, Cuba.

La Habana, 1 de noviembre. La contundente, pacífica y creativa movilización, expresada en campos y ciudades, en calles y plazas, dentro y fuera de Colombia, en columnas de opinión, en redes sociales y en conversaciones ciudadanas, le dio un nuevo aire a la negociación de paz, y le anunció al país que un nuevo Acuerdo y su legitimación e implementación pasará necesariamente por la ciudadanía.

Esa movilización comenzó por reconocer que el Acuerdo Final entre el gobierno y las Farc, después de seis años de trabajo y de la intervención de múltiples actores, además de recoger la voluntad de las partes, contiene los elementos esenciales que el país requiere para la construcción de una paz estable y duradera.

La imposibilidad de implementar el Acuerdo Final, sin embargo, ha generado una crisis política que se ha abordada con sensatez y responsabilidad, pero que también se requiere de la misma idoneidad para la búsqueda de un acuerdo que se convierta en una oportunidad para alcanzar la Paz.

Desde la diversidad étnica, sexual, religiosa, intelectual y política; desde las mujeres, la juventud, las y los estudiantes, los sectores sociales, los comunales, los sindicalistas y territorios, las personas en condición de discapacidad y, sobre todo, desde las víctimas, expresamos nuestro decidido respaldo a la Mesa de Conversaciones de La Habana que ahora debe hacer los ajustes, precisiones y explicaciones para lograr el Nuevo Acuerdo. Instamos y exigimos que se mantenga el Cese Bilateral al Fuego y las Hostilidades y que el nuevo Acuerdo se produzca pronto.

Las ciudadanas y ciudadanos otorgaremos amplia legitimidad a un nuevo Acuerdo que tenga como punto de partida aspectos fundamentales que reflejan claramente el espíritu de lo acordado inicialmente, a saber:

• La centralidad de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y en particular a que se avance significativamente en el conocimiento de la verdad, tanto judicial como extrajudicial.

• La creación de un sistema de justicia transicional temporal y excepcional, que incorpore mecanismos judiciales y extrajudiciales aplicables a todos los responsables sobre los mismos parámetros de contribución a la verdad, sean estos particulares, guerrilleros o agentes estatales.

• El reconocimiento de los derechos de las poblaciones y grupos en situación de vulnerabilidad.

• La reivindicación de los derechos de campesinos y campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, lo que implica la profundización de una reforma rural integral.

• Mantener el enfoque de género entendido como un instrumento para transformar relaciones inequitativas. Esto implica el reconocimiento de la afectación diferencial que el conflicto ha tenido sobre la vida y los derechos de las mujeres, población LGBTI, niñas, jóvenes, las iglesias, comunidades de fe y personas con discapacidad, y la necesidad, por tanto, de acciones para la defensa y restauración de sus derechos.

• El compromiso con la ampliación, profundización y extensión de la democracia y el empoderamiento de ciudadanías y comunidades, incluida la comunidad colombiana en el exterior.

• Plenas garantías para nuevas expresiones sociales y políticas que surjan, y la participación efectiva de las regiones y los territorios que fueron mayormente golpeados por los efectos del conflicto armado.

La ciudadanía activa, presente y empoderada, que le da continuidad al largo camino recorrido por la sociedad civil para lograr un país en paz en condiciones de equidad, justicia social y climática, llegó para quedarse.

Por lo tanto, la salida a la crisis política no puede ser resultado de un pacto de élites, requiere de nuestra participación democrática impulsando un diálogo permanente desde el respeto a la diferencia, y facilitando el avance del proceso en todas las etapas por venir: refrendación, implementación, veeduría y monitoreo al cumplimiento de los acuerdos.

Nos mantenemos en movilización social por una paz completa, respaldamos y exhortamos celeridad en el inicio de la negociación con el ELN e invitamos a ciudadanos y ciudadanas que votaron por el No, a quienes se abstuvieron y a quienes apoyaron el Sí, a ejercer el poder ciudadano para la construcción colectiva de una sociedad en paz.

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