Diálogo entre la sociedad civil y el secretario General de la OEA

La  ausencia  de temas  como  la crisis de  Venezuela  y  sus pocas  respuestas  a temas  coyunturales como las  agendas  de los  derechos  sexuales y  reproductivos, la protección a los  defensores de  derechos  humanos y   el concepto  amplio de  familia,  marcaron el  encuentro del  secretario  General de la  OEA con la  sociedad  civil en   la  46  Asamblea  General.

La  Asamblea  General de la Organización de Estados Americanos (OEA),  que se  reunió en la ciudad de Santo Domingo (República  Dominicana) hace varios días, recibió un grupo significativo de  la sociedad civil los  días  12 y  13 de junio para  discutir sus necesidades ante los países  miembros del sistema.

De parte de la secretaria General de  la  OEA se  presentó a  esta Asamblea varios  avances en  relación  a la sociedad  civil, que fueron discutidos y  aprobados  por la  Asamblea durante esos días:

  • Presentación de resolución contra la  tortura, propuesta de Uruguay.
  • Presentación de la  resolución   de  reconocimiento y  protección a los  derechos de las  personas  LGBT, propuesta de Brasil.
  • Extensión del decenio de  las personas  en  situación  de
  • Convención sobre los  pueblos  indígenas  de las  Américas
  • Plan de Acción para el cumplimiento de los compromisos en  relación con el decenio de los
  • Revisión de la  situación migratoria  en  la  región en fenómenos como  el norte  de Perú,  la movilidad del  norte de  Centroamérica hacia Costa Rica, el  desplazamiento  forzado en  Colombia,  las migraciones de  México hacia  EEUU, el  problema  de apatridia de los  dominicanos  con  ascendencia  haitiana y  las rutas  migratorias  de los  cubanos  por Sur y  Centroamérica.

El  Secretario  puntualizó  que  en su mandato  es clave fortalecer los pilares de la OEA, como la  prevalencia de los  derechos  humanos  en la región,  el desarrollo  sostenible que  respete el medio ambiente y la  profundización de la  democracia  multidimensional  en  la región.  De la  misma  manera exhortó a  los  Estados miembros  para  entender su  papel  fundamental  de atender y   estar  cerca de las solicitudes de la  sociedad civil y disponer de mecanismos necesarios para  implementar soluciones  reales a  las  necesidades  planteadas  por la  misma  sociedad civil.

A pesar de que  no abordó la  situación de  Venezuela en relación a su  solicitud de aplicarles la  carta  democrática, advirtió que  situaciones como las  vividas en  la  Administración  del Secretario Insulsa,  como  la  desestabilización  democrática de  Paraguay y  Honduras y  la  vivida en  su mandato con Brasil,  ponen de  manifiesto el urgente rol de la  OEA de  hacer seguimiento a los  compromisos de la  Carta  democrática,  hacer reuniones y  visitas de  seguimiento y  advertir a los  Estados  de   hallazgos, observaciones y situaciones que puedan poner en  riesgo  sus  compromisos frente  a  esta para no romper el orden  democrático, corroborar la  legalidad de sus  acciones y garantizar  los  derechos humanos.  En el  caso concreto  de  Brasil, el  secretario manifestó que  han realizado  dos  visitas  a las partes del  Estado y han  advertido sobre el problema estructural del Congreso de la  República  en relación con su  vinculación a  actos de  corrupción  para  abordar el juicio a la señora Presidenta.

Llamo la  atención  del llamado de urgencia que  ha hecho desde su  administración a  Nicaragua, Perú, Venezuela  y  Brasil de  fortalecer los  derechos  humanos  y  defender los principios  democráticos y  de derechos, antes  de la ortodoxia moral.

Uno  de los temas  coyunturales en el dialogo con la  sociedad  civil fue la  crisis económica del  Sistema  Interamericano, donde el Secretario manifestó que pasarán de  dos millones  de  dólares, el recorte que  se hizo en  2016, a  12  millones de  dólares, que será el  recorte  para  2017, por la  falta  de  aportes de los  Estados; lo que  ha  hecho que la  CIDH suspenda sus audiencias  temáticas, haya enviado carta de preaviso de  finalización  de  contratos  laborales al  40% de sus  trabajadores y  que  acciones como  las  reuniones  de seguimiento, las  visitas  “in loco”, las  medidas  cautelares y las  relatorías, entre otras  estén en riesgo de desaparición.

Ante ésta  situación, ante la  cual la  sociedad  civil  ha venido manifestando su  preocupación, el  Secretario Almagro,  propuso la  siguiente  salida:  Los países  miembros, aportan mas  recursos a la   Corte  Penal  Internacional; donde  paradójicamente,  ninguno de los  estados miembros de  la  OEA tiene  casos,  que al Sistema  Interamericano de  DDHH, donde los  Estados  tienen  mayores solicitudes; por ello, propone invertir la balanza y que los  esfuerzos  económicos y las  contribuciones que  América  hace a la  CPI, vengan  hacia   el Sistema  Interamericano y ello  puede  salvarla  de la  crisis.

El  encuentro  con la  sociedad  civil cerró con un momento álgido y  de  confrontación entre miembros de  grupos  próvida, que  cada  vez son más  en la  Asamblea  de la  OEA y grupos  defensores de  Derechos  Humanos, la metodología  dividió a la  Sociedad  civil en  seis  grupos:  Democracia,  Derechos  Humanos,  Mujeres, LGBTI, trabajadores y  Personas  Afrodescendientes; quienes  discutieron  y propusieron documentos  de  trabajo a los  Estados miembros; sin embargo en temas  como   pensar las nuevas  concepciones de  familia,  garantizar los  derechos sexuales y  reproductivos,  avanzar en el  reconocimiento pleno de  derechos para las  personas  LGBTI, entre  otros la confrontación mediada  por  fundamentalismos  y   doctrinas  alejadas  de los  principios  democráticos, hicieron que durante varias  veces se  tuviese  que  interrumpir  el  diálogo.

Entre las  respuestas entregadas  por el Secretario  a los  asistentes,  a pesar de que  no generaron   impacto por que se consideraron  poco  concretas, se  destacó el  reconocimiento que  hizo de la  crisis  financiera del Sistema  Interamericano y  la  urgencia que  tienen para  salvarlo, dejando claro que las  acciones  implementadas  como el  Plan de  trabajo del decenio Afrodescendiente, no  se verán  afectadas por dichas acciones;  de igual manera  reconoció que  en la  región falta mayor trabajo con las agendas  de personas  en  situación de  discapacidad y  de manera  contundente reconoció que las personas  LGBT son victimas  de  violencia  por el odio y  el discurso prejuicioso en la región, que  los sigue haciendo altamente   vulnerables al desconocimiento  de  derechos, por lo que  exhortó a  los  países  miembros  a construir herramientas reales  para  luchar contra la discriminación.

De manera  aislada, pero  logrando permear el  ambiente  de la Asamblea,  se dieron  tres  hechos   que  son  necesario abordar  pues ponen en  riesgo la  participación de la sociedad  civil:

  1. En el recinto de la  Asamblea  se  generaron  varias confrontaciones,  porque  grupos  de  seguridad  impidieron usar   el baño  a las personas  trans, que  es uno de los grupos  de mayor presencia en la  Asamblea,  aduciendo  políticas  internas del  lugar de  la  reunión, lo que  por momentos   relató un escenario paradójico:   que en la Asamblea  de la  OEA se  desconozcan los derechos de las  personas  trans y se  les discrimine.
  1. El Secretario fue  interrumpido varias  veces por  grupos  venezolanos   afines  al  régimen  que  abucheaban su discurso y    enunciaban  diatribas  de  apoyo al  gobierno venezolano y   de   odio hacia  el movimiento opositor.
  1. Tanto dentro del recinto como en las calles cercanas grupos religiosos y  fundamentalistas  promovieron plantones, marchas y  consignas  contra  el apoyo que la  OEA ha dado a las  agendas  LGBTI  de las  mujeres, tildándolas como agendas  ideológicas que  ponen en  riesgo  la  familia  y  la  sociedad.

Luego de  estos dos  días  de  trabajo, que  terminaron en un  encuentro  entre los  cancilleres  de los  Estados miembros y   representantes  de la  sociedad civil, quienes  les  entregaron  a cada uno de los  Estados  documentos  sobre sus  reflexiones  y solicitudes, se da  inicio a  la  Asamblea  de  los  Estados par a avanzar en sus  decisiones y  aprobaciones,  esperando  que    se  puedan  materializar y  profundizar las  agendas de  derechos  humanos  en la región y   se  asuman compromisos concretos de  aplicación en  cada uno  de los Estados.

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