Manifiesto de las personas LGBTI afectadas por el conflicto armado en el Caribe Colombiano a las autoridades de la región

El conflicto armado desde la perspectiva de las personas LGBTI en el Caribe Colombiano

Las y los activistas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) y Organizaciones sociales que trabajan en la región Caribe por el respeto y reconocimiento de derechos de la diversidad sexual y las identidades de género, procedentes del Carmen, y Cartagena Bolívar;  Palmar, Polo Nuevo, Baranoa, Soledad, Malambo, Barranquilla y Puerto Colombia, Atlántico, Ciénaga, y Santa Marta del  Magdalena y Maicao, Uribia y  Riohacha de  la  Guajira,  reunidos el 9 de abril de 2015 en el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las víctimas y en el marco de nuestro taller “El conflicto armado en la perspectiva de las personas LGBTI”.

Reconocemos

Reconocemos que la Constitución e 1991 reconoce el derecho a la igualdad y la no discriminación y  que numerosas sentencias de la Corte Constitucional han reconocido la responsabilidad que el Estado tiene en la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTI.

Reconocemos que el Estado Colombiano en el marco de la ley 1448 de  reparación a las victimas del conflicto armado y en la ley de atención a las victimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha reconocido los daños y las afectaciones directas que éste genera sobre las personas en relación a su orientación sexual e identidad de género.

Reconocemos que convenios y tratados internacionales firmados por Colombia como pactos contra la discriminación y resoluciones por el respeto a la orientación sexual y las identidades de género en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la Organización de Estados Americanos (OEA) son vinculantes para el ordenamiento interno.

En relación con el Caribe Colombiano, reconocemos que:

  1. Existe un movimiento LGBTI en las principales ciudades de la región que reúne, empodera y moviliza a las personas y organizaciones y promueve iniciativas organizativas para proponer una agenda propia de la diversidad sexual y las identidades de género.
  2. En el actual cuatrenio se han construido en la región líneas base y políticas públicas en algunos entes territoriales que materializan compromisos de Planes de  Desarrollo.
  3. En algunos municipios se han implementado acciones que favorecen la convivencia, la inclusión ciudadana, la salud, entre otros temas, usando marcos legales generales para reformar parte de ordenanzas, acuerdos y decretos territoriales que propenden por una mejor calidad de vida de las personas LGBTI.
  4. En algunos entes territoriales de la región se cuenta con Mesas de Garantías para los Derechos Humanos en las cuales se incluye el trabajo programático con organizaciones y personas LGBT para avanzar en la protección de sus derechos.
  5. Se han nombrado desde la Dirección de la Fiscalía, fiscales regionales desde la Unidad de contexto en cada una de las seccionales, encargados de llevar investigaciones relacionadas con las personas LGBTI.
  6. Como parte de la implementación de la Ley 1448, las Defensorías regionales, las  Unidades de Atención a Victimas y otras instituciones encargadas de estos asuntos en las Administraciones locales han venido desarrollando acciones con personas de los sectores LGBTI.
  7. En varios entes territoriales de la región participan personas LGBTI como victimas del conflicto armado o como Organizaciones que trabajan con victimas del conflicto armado en las Mesas de participación dispuestas por la ley de víctimas.
  8. Centros educativos como Universidades cuentan con grupos de investigación, desarrollan cátedras, promueven grupos de estudiantes y espacios de proyección social que generan un compromiso con las personas LGBTI de la región.
  9. La Policía Departamental en cumplimiento de la Directiva 006 de 2010 ha nombrado Oficiales de Enlace LGBTI en los once (11) comandos de la región.
  10. Por la visibilidad que ha tenido en los últimos días la agenda LGBTI a nivel nacional e internacional, en la región, algunos sectores de opinión pública han manifestado su apoyo a acciones legales en pro de los derechos de los sectores LGBTI.

Llamamos la atención sobre

  1. La situación que presenta la región Caribe con los más altos índices de víctimas de sectores LGBTI en el marco del conflicto y en la violencia general contra estos sectores, manifestada en homicidios, agresiones físicas y verbales, amenazas, desplazamiento forzado, violencia policial y negación al derecho a la salud, la educación y el trabajo entre otros.
  2. La presión, persecución y violencia sistemática que actores del conflicto armado, tanto paramilitares, como guerrilleros y bandas criminales ejercen sobre las personas LGBTI en territorios de violencia, ampliamente conocidos en la región, negándoles el derecho a una vida digna y a el libre desarrollo de su personalidad.
  3. La utilización de las cuerpos de las personas LGBTI como botín de guerra marcándolos y estigmatizándolos generándoles un estado de indefensión y de mayor vulnerabilidad, destruyendo sus proyectos de vida y obligándoles a abandonar sus territorios.
  4. La imposición de obligar a muchas personas trans a renunciar a su construcción identitaria sometiéndolas a una construcción binaria de roles que no esta relacionada con su identidad de género.
  5. La falta de sensibilización y compromiso en funcionarios públicos para dar respuesta adecuada y eficiente a las necesidades de las personas de los sectores LGBTI.
  6. La ausencia de espacios y mecanismos inclusivos en el sistema de salud, educación y empleo para las personas LGBTI.
  7. La urgente necesidad de crear espacios de protección y espacios seguros para niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales y de género diversas.
  8. Personas de los sectores LGBTI enfrentan múltiples discriminaciones en URIs, centros de reclusión y centros carcelarios.
  9. No existen presupuestos en los Planes de Desarrollo Municipales, Departamentales y Distritales que permitan la ejecución de acciones para las personas de los sectores LGBTI.
  10. La persistencia de acciones de discriminación, exclusión e impedimento para el uso y goce del espacios públicos, en particular para personas trans.
  11. La debilidad en la aplicación de mecanismos de justicia en lo referido a los derechos de las personas de los sectores LGBTI.
  12. El Código de Policía del Atlántico aún mantiene reglamentaciones discriminatorias que incitan a la violencia.

Solicitamos al Estado y las autoridades regionales y locales

  1. Rechazar de inmediato y de forma contundente la violencia sistemática que afecta a las personas LGBTI en le región y construir mecanismos para reducir la indefensión de las víctimas y el estado de impunidad de sus denuncias.
  2. Garantizar y crear las condiciones para la implementación de procesos de construcción de verdad, memoria y garantía de no repetición a personas LGBTI afectadas por el conflicto armado.
  3. Reforzar campañas informativas para el registro de las personas LGBTI que han sido afectadas por el conflicto armado y que aún no han sido caracterizadas.
  4. Fortalecer mecanismos de protección a defensoras y defensores de derechos de personas de los sectores LGBTI que promueven en la región el respeto a sus derechos.
  5. Fortalecer procesos de participación efectiva de víctimas LGBTI en entes territoriales y garantizar su protección.
  6. Desarrollar el enfoque diferencial que tenga en cuenta la diversidad sexual y las identidades de género en todos los procesos del Estado y que dignifique a las personas de los sectores LGBTI en los mecanismos de atención y reparación individual y colectiva.
  7. Que las medidas de seguridad que se ofrecen en la región en términos generales y en particular a las personas LGBTI sean integrales y protejan a las personas y lejos de excluirles de espacios públicos les den las garantías para no ser estigmatizadas por su  orientación sexual o identidad de género.
  8. Integrar en las reformas rurales, políticas campesinas, protección de tierras y medidas de reintegración; garantías de las condiciones de vida de las personas de las sectores LGBTI que viven en estos territorios, o que desean retornar a ellos.

Además de ello, como parte de la construcción de agendas para el postconflicto y el desarrollo de una vida digna y en paz, pedimos que al cierre de este año los Planes de Desarrollo en su etapa final y en los procesos de empalme con los nuevos gobiernos en los nuevos Planes de Desarrollo 2016 – 2019 tengan en cuenta tanto en los municipios, distritos y departamentos de la región:

  1. Consultas previas y participación directa de las personas LGBTI en la toma de decisiones como ciudadanas y ciudadanos en políticas que afectan la vida de los municipios y el departamentos.
  2. Fortalecer y humanizar las acciones de investigación, aseguramiento en salud e implementación de servicios de salud y educación en los temas de prevención del VIH y salud sexual y reproductiva de los sectores LGBTI, con particular énfasis en la situación de las mujeres trans.
  3. Implementar protocolos de salud con enfoque diferencial a personas LGBTI en centros médicos, hospitales y entidades prestadoras de servicio, que así sean  privadas deben recibir instrucciones precisas de la autoridad estatal.
  4. Crear, implementar y garantizar el sostenimiento de espacios municipales, distritales y departamentales de servicios especializados a personas LGBTI como centros comunitarios LGBTI o espacios de acogida.
  5. Promover grupos interdisciplinarios con la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría y las Defensorías del Pueblo para facilitar eficacia en los casos y procesos legales relacionados con violencia contra las personas de los sectores LGBTI.
  6. Iniciar una Cátedra ciudadana y campañas educativas permanentes en la región sobre Diversidad Sexual y de Género en el marco de los Derechos Humanos, que logren desestimular los lenguajes e imaginarios excluyentes y prejuiciosos hacia las personas LGBTI que perviven en el Caribe.
  7. Inclusión de personas de los sectores LGBTI en proyectos productivos, empredimiento y economía sostenible que logren reducir el nivel de pobreza, desempleo y falta de oportunidades que viven muchas personas en la región, motivado por su orientación sexual o identidad de género.

Firmado en Barranquilla el 9 de abril de 2015.

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