Alias “El Oso” uno de los mayores victimarios de personas LGBT en el Caribe, perdió beneficios por negar violencia sexual en el marco del conflicto armado

El paramilitar que reconoció que para 2003 generó violencia sistemática contra la población LGBTI en el Golfo de Morrosquillo, negó que además de la violencia motivada por género tanto hacia mujeres biológicas como tans, fue generador de violencia sexual en el marco del conflicto armado a pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Alias "El Oso."

Alias “El Oso.” (Fotografía: Colprensa.)

Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso” quien fuese postulado como ex-comandante urbano de las autodefensas unidas de Colombia, fue excluido de los beneficios de la Le 975 de 2005 o Ley de Justicia Y Paz, debido a que no confesó los delitos de violencia sexual que se le señalaban como autor en san Onofre Sucre[1], incumpliendo con los requisitos de la Justicia transicional, como los son confesar y reparar todos los hechos cometidos en su permanencia en el grupo al margen de la ley. El Tribunal superior de Justicia y Paz De Barranquilla,  sostiene que hay suficientes evidencias para sustentar su decisión de exclusión y que se le aplique la justicia ordinaria[2].

La decisión deja en pique el avance que se había obtenido con este actor del conflicto, ante la negativa de cumplir la Ley 1719 de 2014[3] o la ley de víctimas del violencia sexual en razón del conflicto armado, la cual hace que este tipo de hechos sea tomado como un crimen de lesa humanidad y pueda ser investigado en cualquier tiempo, o sea no prescribiría la acción penal, así, también que se tome la confesión como presunción de veracidad o legal y que es a la autoridad investigativa la que le corresponde determinar con una investigación técnica si los hechos sucedieron[4].

La negativa de alias el oso a confesar esos crímenes trasgrede los principios de justicia, verdad y reparación principios rectores de esta ley 975 de 2014. Dejando a las mujeres y miembros de la población diversa sin garantías pues estos casos nunca son ventilados ante las autoridades en su totalidad o simplemente el postulado manifiesta reconocer el hecho pero no ahonda en la verdad con el pretexto de no revictimizar.

Según un informe de la  Fiscalía y documentado por el Observatorio de Caribe Afirmativo en 2010, en el Golfo de Morrosquillo: “Algunos de los homosexuales […] temiendo por sus vidas, se desplazaron de San Onofre antes de ser llevados a la pelea. Sin embargo, el sábado 10 de mayo de 2003, aproximadamente dieciséis jóvenes homosexuales fueron conducidos en camionetas blindadas, propiedad de los paramilitares, hasta el Alto de Julio, donde [ …] fueron obligados a pelear por parejas en un ring pugilístico instalado para tal fin“.

Además el Centro de memoria histórica advierte que “…de los homosexuales que fueron forzados a participar en la pelea de boxeo, uno fue asesinado por paramilitares en el casco urbano de San Onofre meses después del evento. Otros se desplazaron de San Onofre justo después del hecho y algunos habitan aún en la zona.

Esta situación  hace un llamado de atención al proceso investigativo, para determinar si hay un nexo causal entre la violencia sistemática que éste cometía contra personas  LGBTI o la vulneración de sus derechos y la  invisibilidad de los crímenes sexuales cometidos en razón de género de las mujeres, de los hombres y mujeres trans (identidad de género) y de su orientación sexual particularmente la promovida contra hombres gays afeminados, que era una de las tendencias de sus ataques en el conflicto armado colombiano en éste territorio del país.

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