Agendas legislativas que promuevan la igualdad real hacia los grupos poblacionales históricamente discriminados y excluidos

En el periodo 2014 – 2018, el Congreso de la República deberá legislar en temas trascendentales en relación a la igualdad, el trato diferencial, la garantía de las libertades individuales y colectivas, la Paz y el Postconflicto.

La Alianza Cartagena Propone, es una estrategia de la sociedad civil que desde 2011 propende por la garantía de la participación política y ciudadana de los grupos históricamente discriminados y excluidos, incidiendo en las agendas político electorales, haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos por personas elegidas a cargos de elección popular y formando a la ciudadanía en la apropiación de la democracia, en escenarios tales como: los procesos electorales locales, regionales y nacionales.

De igual manera, orienta sus propósitos al seguimiento a planes de desarrollo, proyectos legislativos y compromisos institucionales que logren corregir la exclusión y discriminación hacia grupos poblaciones históricamente marginados, fortalecer la participación ciudadana y profundizar la democracia.

Desde 1991 la nueva Constitución, en su afán de profundizar el Estado Social de Derecho, ha venido conduciendo a las instituciones colombianas a escenarios de democracia real, participación efectiva y garantía de derechos con base a la igualdad real, la libertad y autonomía de sus ciudadanos y las ofertas que el Estado pueda proponer desde sus servicios para una ciudadanía plena a partir del trato diferenciado, protocolos de atención y acciones afirmativas que garanticen la equidad.

Ha sido la modernización del Estado y los procesos electorales, las dos estrategias con las que el Estado ha buscado asumir ese reto; en el primer escenario, con el fortalecimiento de mecanismos de control, rendición de cuentas y participación ciudadana que pone a los gobiernos de cara a la ciudadanía y con el concurso de la misma; y en segundo lugar, el proceso electoral desde las dos últimas reformas políticas, la transformación de los partidos políticos y la promoción del voto libre, transparente e informado, ha propendido por llevar el escenario electoral a procesos de participación, argumentativa y decisiones informadas que desvinculen el clientelismo y las maquinarias que históricamente han promovido estos escenarios.

De los trece (13) partidos con personería jurídica que tiene Colombia, diez (10) de ellos en los últimos años han asumido reformas estructurales de modernizar sus procesos, avanzar en la inclusión de grupos poblacionales a sus bases sociales y construir agendas de trabajo y revisión de estatutos ideológicos de cara a sus seguidores.

Tanto partidos de izquierda, como de derecha y de centro, han entendido que la vigencia de sus agendas en el escenario político solo podrán pervivir si están en consonancia con las necesidades de la ciudadanía; y este mismo proceso ha sido llevado al ejercicio legislativo, con acuerdos de voto programático, la ley de bancadas y el ejercicio de deliberación pública, buscando cualificar sus estrategias y construir decisiones acordes con las agendas sociales del país.

El Congreso que ahora termina periodo 2010 – 2014 tuvo entre sus manos trascendentales proyectos de ley para el reconocimiento de grupos poblacionales, tales como: garantía de derechos humanos, reducción de la violencia selectiva, atención a las víctimas, estatuto para alcanzar la paz, derechos diferenciados y aplicación de sentencias de la Corte Constitucional, como la despenalización del aborto y el déficit de derechos de las parejas del mismo sexo; sin embargo, muchas agendas no avanzaron, otras fueron cerradas y otras más dejadas en el camino por la falta de compromiso de los congresistas con sus electores.

De acuerdo con el último informe de Congreso Visible, de un total de 43 proyectos de Ley presentados por los congresistas bolivarenses en ese periodo; solamente 14 de ellos tenían énfasis en derechos poblacionales; destacándose cinco (5) en temas de educación, cuatro (4) en atención a víctimas, tierras y derechos campesinos; tres (3) en agendas de mujeres y dos (2) en garantías de participación de los jóvenes.

De ellos, solo se convirtieron en Leyes de la República tres (3): Ley de Pensión Familiar, promovida por Elías Raad; Ley del Primer Empleo impulsada por Lidio García y Ley del Instituto de la Juventud bajo la tutoría de Pedrito Pereira. De otro lado, en temas trascendentales como la Ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, los senadores bolivarenses “brillaron por su ausencia”; la primera solo contó con la presencia de dos (2) Senadoras, que a su vez hacen parte de la Comisión de Género (Daira Gálvis y Sandra Villadiego) y la segunda con ausencia de todos.

En relación al control político, una tarea fundamental de los congresistas para hacer seguimiento a los compromisos de los gobiernos y el avance de agendas, los congresistas de Bolívar convocaron un total 77 debates de control político; de los cuales solo 17 correspondieron a temas poblacionales con los siguientes énfasis: víctimas, derechos de las mujeres, campesinos y reparación de tierras.

Las elecciones del 9 de marzo de 2014, son fundamentales para los grupos poblacionales en Colombia, en ellas daremos inicio al camino final que conduce a la paz; la creación y defensa de leyes orientadas a garantizar los derechos humanos, la pluralidad democrática, la participación política de la mujer, el acceso real y efectivo a los servicios de salud educación y trabajo; la igualdad de derechos de las personas LGBT, afrodescendientes e indígenas, la implementación de los acuerdos para el fin del conflicto así como la creación de escenarios de reconciliación y superación de la violencia armada.

Los nuevos congresistas tendrán en sus manos seis grandes agendas que de tener un proceso efectivo, lograrán cerrar la brecha de inequidad y desigualdad que vive el país, entre ellos:

  1. Proceso de paz con garantías plenas a las víctimas y atención diferenciada a todos los grupos poblaciones que conduzcan al país al postconflicto.
  2. Fortalecer estrategias para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes
  3. Ley contra la violencia de género, educación sexual, despenalización del aborto en los casos determinados por la Corte y matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo.
  4. Reforma a la educación y a la salud que propendan por la calidad, el derecho y el acceso a servicios priorizando los grupos poblaciones más excluidos y desfavorecidos.
  5. Reformas de la autonomía territorial y consulta previa que respete las construcciones y apropiaciones de los pueblos indígenas y afro descendientes.
  6. Promover desarrollo humano integral, infraestructura que mejore la calidad de vida y de acceso diferencial para todos los ciudadanos, como las personas en situación de discapacidad
  7. Garantías de trabajo decente para las mujeres, los grupos afro descendientes, indígenas, jóvenes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores y personas LGBT.
  8. Herramientas para lograr la efectiva participación de los grupos poblacionales en las corporaciones de elección popular y escenarios democráticos a escala local, regional y nacional.

A partir de este escenario, la Alianza Cartagena Propone viene impulsando de un lado: que las candidaturas a la Cámara de Representantes y el Senado de la República, asuman compromisos reales y efectivos con las necesidades de los grupos poblacionales y que expongan con claridades argumentativas la forma como garantizaran dichos compromisos en el Congreso.

De otro lado, con la ciudadanía buscamos promover el voto informado, que logre su calificación a la hora de sufragar, un voto depositado a conciencia y con los argumentos necesarios; buscando así, que el 9 de marzo de 2014, tengamos en Bolívar en particular y en el país en general, unas elecciones más transparentes e incluyentes comprometidas con la equidad de género, la diversidad sexual, la autonomía territorial, la protección de los niños, niñas y adolescentes, la garantía de salud a las personas en situación de discapacidad y adultos mayores y el compromiso con la paz y la reparación de las víctimas que a partir de un trato diferencial logre la restauración efectiva de derechos a Colombianos y Colombianas que desde sus diferentes experiencias de exclusión y discriminación abogan por una ciudadanía plena que conduzca a la paz.

Esperamos que tanto el ejercicio del debate del 25 de febrero que será el encuentro de los candidatos con la ciudadanía para discutir estas agendas como el proceso de cultura ciudadana que emprendemos con la pedagogía electoral, logren que las jornadas del 9 de marzo en Cartagena y Bolívar sean un acontecimiento democrático donde triunfen los argumentos, en vez de las maquinarias, los compromisos con los derechos humanos y la paz en vez del clientelismo y que depositemos votos en las urnas para llevar al Congreso a aquellos hombres y mujeres que representan las causas y agendas que son necesarios avanzar en Colombia para profundizar la democracia y hacer realidad el Estado Social de Derecho para todos y todas.

 

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